El número de plazas en pisos turísticos ya supera el de la oferta hotelera de Santander

«Esto, además de ser un problema turístico y de competencia desleal, se está convirtiendo en un problema social. Hoy en día, alquilar un piso o una casa para un arrendamiento urbano para vivir casi no existe. Y, si existe, es a un precio elevadísimo porque con esta otra vía de alquilarlo turísticamente, los ingresos son mayores», aseguraba recientemente en una entrevista con este periódico Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural en la región, un mensaje compartido sin fisuras por la Asociación de Hostelería. Ambos ponen el foco no sólo en que únicamente un 25% de estos pisos está registrado en Turismo para ofrecerse legalmente como alojamiento turístico, sino en que los requisitos para apuntarse en esa lista son, dicen, mucho menores que los que exigen a los empresarios del sector.

«Las nuevas generaciones viajan así y los que ya no somos jóvenes, muchas veces, también. El problema es que en las plataformas de internet, al lado de un alojamiento rural maravilloso sale un piso de estos», describía Blanco. Hay una tendencia, es un fenómeno extendido. Eso es evidente. Lo dicen las cifras. También las de Cantabria y, en concreto, las de Santander (en las zonas costeras proliferan los alquileres turísticos). De febrero de 2022 al de este año, en la región el crecimiento fue del 18%. En la capital, de 2020 (ojo, el año de la pandemia) a 2023 han pasado de 993 a 1.160. Ese 24% de subida es inalcanzable para el crecimiento hotelero, pese a la notable cantidad de establecimientos que se han abierto en la ciudad en los últimos años. En su mayoría, además, los nuevos negocios son pequeños alojamientos a través de la reforma de edificios. Doce, quince, veinte habitaciones. Nada que ver con las 350 de las que dispone, por ejemplo, el Santemar, las 188 del Bahía o las 161 del Chiqui (según indican en la Guía de Alojamientos del Ayuntamiento de Santander).

La mejor demostración es la foto fija de los hoteles santanderinos en febrero de 2023 –que es el mes que toma como referencia el INE para las viviendas de uso turístico–. La estimación en ese periodo fue de 50 establecimientos abiertos, funcionando, con algo más de 2.000 habitaciones y un número ligeramente inferior a las 4.000 plazas. O sea, que la distancia con los pisos es aún mayor, pese a que los números de la hotelería son mejores que el año pasado.

Y hay que incidir en que el dato más actualizado del INE es precisamente de febrero. El tope de alojamientos turísticos llegó el verano pasado y, si la tendencia no se rompe (que nada indica que vaya a ocurrir), se superará con creces en los próximos meses. De hecho, el periodo posterior a la pandemia ha espoleado esta nueva fórmula de alojamiento, favorecida también por el contexto (subidas de precios generalizadas, organización de viajes por internet, los problemas del alquiler para los que alquilan y para los que buscan...).

Desde el Ayuntamiento de Santander ya anunciaron a finales de 2022 la creación de un grupo de trabajo para abordar esta realidad. Una de sus primeras conclusiones es que más de un 90% de los pisos turísticos de la capital está en situación ilegal (un porcentaje incluso mayor que el que se obtiene al coger los datos del INE y cotejar con el registro oficial). Santander, obviamente, lidera la lista municipal de este tipo de oferta en Cantabria seguida por Suances, San Vicente o Castro Urdiales. Del mismo modo, desde la Consejería de Turismo se aseguró a este periódico que trabajan para implementar una herramienta digital capaz de «georreferenciar las viviendas de uso turístico y diferenciar las legales de las ilegales». Además de sacar a la luz los se encuentren en situación irregular, esta tecnología permite detectar en qué plataformas se están ofertando, algo que «facilitará la labor de inspección», dicen.