El olvidado macroproyecto urbanístico de Santander que dio nombre a una ley

Ni durante la pasada legislatura ni en lo que llevamos de esta, el Consistorio ha tramitado nueva documentación sobre este proyecto. El único movimiento fue en 2022, cuando el Pleno aprobó una moción del PRC para crear una comisión especial que recuperara la zona «priorizando el desarrollo de espacios públicos, la vivienda pública en alquiler y los intereses de los actuales propietarios». Pero han pasado más de dos años sin noticias de esta comisión.

Por su lado, la empresa promotora, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que tiene la propiedad del 60% del suelo, no quiere hablar. Este periódico se puso en contacto con ella, pero no quiso comentar ni valorar la situación actual del plan, que parece seguir tan dormido como en los últimos diez años.

Mientras tanto, como ocurre también en El Cabildo, el deterioro sigue ganando terreno en el barrio. Algunos vecinos sí están interesados en vender lo que queda de sus propiedades a FCC, pero los veinte residentes que siguen allí, y que incluso han rehabilitado sus viviendas recientemente, siguen pensando lo mismo que hace una década: no quieren marcharse de su barrio. Fue esa misma lucha la que provocó un enorme revuelo social hace diez años, en un contexto social y político marcado por la llegada de Podemos a las instituciones y por otros desalojos polémicos en la ciudad, como el de Amparo en la S-20. La oposición vecinal de este barrio llegó, incluso, al Parlamento y derivó en una ley de realojo a la que se bautizó como 'Ley Pilón'.

Fue el final de una carrera urbanística que comenzó hace dos décadas, cuando Tecniobras hizo distintas ofertas a los vecinos que no llegaron a concretarse. Fue un acercamiento, un tanteo. Algunos decidieron vender, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria cerró el grifo de los créditos bancarios y el plan se paralizó.

No hubo que esperar mucho para que Costa Verde Hábitat -ligada a Tecniobras, Bankia y FCC- se pusiera al frente del plan. En 2009 comunicó a los vecinos que ya contaba con el 60% de los terrenos e iba a proponer una unidad de actuación. En ese momento, el Ayuntamiento estaba en plena elaboración de un nuevo Plan General y fue la primera vez que los afectados presentaron alegaciones al proyecto.

La idea de la constructora era desarrollar las dos torres con 140 viviendas en dos fases. La primera afectaba a la mitad de la finca que linda con General Dávila, la Bajada Rumayor y el depósito de agua. En esos terrenos se llegaron a derribar varias casas y se aceleró para dejarlas expéditas para mejorar el aspecto de la calle. La segunda fase era más complicada. En esa parte la constructora poseía menos propiedades y seguían viviendo vecinos, además de negocios en los bajos, como un bar que sigue abierto hoy en día.

El resto de la finca hacia la avenida de Los Castros -unos 3.000 metros cuadrados- sería dedicada a parque publico, y bajo éste y los bloques de pisos, se construirían dos plantas de aparcamiento subterráneo con capacidad para 200 plazas para los propietarios de los pisos y a la venta a los residentes en la zona.

El PGOU de Santander de 2012, igual que el anterior de 1997, respaldaba este desarrollo a través de un Área de Actuación sobre los 10.000 metros cuadrados de suelo del Pilón. En concreto, que se hiciera mediante el sistema de compensación, que es el más habitual en este tipo de proyectos. Ahí la iniciativa recae en los dueños del suelo y, por eso, cuando el 60% de los propietarios están de acuerdo, la ley prevé que puedan iniciarse las obras. De hecho, el promotor llegó a avanzar en la creación de una Junta de Compensación, que obligaba a los vecinos a asumir la parte correspondiente de los gastos de urbanización o serían expropiados sin derecho a realojo.

Las protestas vecinales se intensificaron en 2015 y fue entonces -con el bipartito PRC-PSOE de nuevo en el Gobierno tras la legislatura del PP de Ignacio Diego- cuando llegaron al Parlamento de Cantabria, donde los vecinos llegaron a hablar frente a los grupos políticos para exponer sus preocupaciones con el proyecto.

Los votos de Podemos, PP y Ciudadanos -todos ellos en la oposición en ese momento- permitieron incluir en la Ley del Suelo el derecho al realojo y el retorno. A partir de ese momento, los costes de expropiaciones y los realojos de los vecinos lo más cerca posible debían ser considerados un gasto para los que salgan beneficiados con la operación, es decir, las empresas. A esta normativa se la bautizó como 'Ley Pilón'.

Esta nueva normativa elevaba enormemente los gastos de la promotora, que además vio cómo el Tribunal Supremo anulaba el Plan General de Santander a finales de 2016. Tras un recurso de ARCA, los jueces estimaron insuficientes los recursos hídricos para la población objetivo del Plan sin la utilización del denominado Bitrasvase, anulado tres años antes también por el Supremo. Santander volvía a estar gestionada por el PGOU de 1997, que aunque también recoge el desarrollo urbanístico en esta zona, obligaba a iniciar los trámites administrativos. Un problema menor pero que unido a la nueva 'Ley Pilón' dejó todo en suspenso.

El barrio quedó entonces sumido en un estado de abandono aún mayor. Muchos de los edificios se caían a pedazos y los vecinos pidieron al Ayuntamiento una modificación puntual del PGOU que permitiera recuperar la zona, pero respetando las viviendas que allí quedaban y sin expulsar a los vecinos. En concreto, exigieron que se declarase El Pilón como Área de Rehabilitación Integral (ARI). Pero nada se ha hecho desde entonces, excepto algún derribo puntual para evitar okupaciones y accidentes, y la reforma de los pisos en los que aún viven vecinos.