La oposición de Santander logra que el Pleno recupere el control para fijar los precios públicos

Desde el 2010 es la Junta de Gobierno Local la encargada de establecer los precios públicos de, por ejemplo, el billete del autobús. Un órgano en el que solo participan los concejales del equipo de gobierno. Ese fue, precisamente, el argumento que pusieron sobre la mesa el resto de grupos municipales, que la competencia vuelva allí «donde reside la soberanía municipal», señaló el portavoz socialista, Daniel Fernández. De manera que sea el Pleno quien debata el asunto, igual que ocurre con los Presupuestos municipales o las ordenanzas fiscales. «Este es el lugar donde debatir los temas que trascienden a toda la ciudad porque el resto de partidos también tenemos algo que decir», añadió. Y esa fue la intervención más extensa. El resto de formaciones coincidieron +mientras el Partido Popular optó por no hacer uso de ninguno de sus turnos de palabra así que la propuesta siguió adelante. De esta forma, la fijación precios de la Junta de Gobierno Local deberá pasar por la sesión plenaria para su aprobación.

En el lado opuesto, el tema que más minutos centró del debate fue el deterioro de los fondos de la Biblioteca de Menéndez de Pelayo. Eso sí, la moción presentada por el grupo regionalista se aprobó por unanimidad. Pero la larga discusión se quedó en pedir una investigación interna. Por partes. El acuerdo que salió adelante incluía dos puntos. Por un lado crear un plan de recuperación de los fondos que incluya un «cronograma de actuación» para dar respuesta a lo que José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC, calificó de «catástrofe cultural de primera magnitud». Y urgió al Consistorio «planificación» para liderar ese proceso. El segundo apartado de la moción que aprobó el Pleno recoge instar a la Dirección General de Cultura del propio Ayuntamiento a que abra una investigación– «a tenor de los informes contradictorios»– para aclarar lo ocurrido con los ejemplares y las causas por las cuales el patrimonio de la ciudad se encuentra en el actual estado de degradación. Es decir, que el Consistorio inicie una investigación interna. Un paso que recordó Ceruti «ya se está haciendo». De ahí su apoyo. Y subrayó que el estado de conservación es «consecuencia de no haber prestado el adecuado mantenimiento durante muchas décadas».

Durante la sesión plenaria también se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza del Transporte Urbano de Santander (TUS) con los votos a favor de todas las formaciones salvo VOX que condicionó su apoyo a que la normativa incluyera que las decisiones que se tomen sobre el carril bus se voten en el Pleno. Otro punto que salió adelante fue la modificación del Presupuesto para aprobar el expediente de las obras de un dique de protección frente a las inundaciones en el Barrio Santiago el Mayor por un valor de 420.000 euros.

La modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas de basura, alcantarillado y agua para 2023 se aprobaron provisionalmente, con los votos a favor del equipo de gobierno PP-Cs, en contra de PSOE, Vox y UxS, y con la abstención del PRC. Desde la oposición se reclamó una «renegociación» o revisión de los contratos –el IPC ha bajado desde julio–. Para el PSOE, el incremento de la tasa de agua o lo sucedido con las basuras son «las consecuencias fiscales del fracaso del PP en la gestión de los servicios públicos».

La inflación y la subida de los costes de la luz también llegaron al Pleno de ayer con la aprobación de la moción presentada por Vox para incluir en los Presupuestos municipales una partida con ayudas para la «transformación energética LED de comercios de la ciudad». El objetivo es que los establecimientos del sector puedan instalar estos equipos eléctricos que les permitirán reducir la factura de la luz pero «sin disminuir su uso». Y así continuar en la línea del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno nacional y que, a su vez, implica que los negocios tengan costes para adaptarse a las medidas.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión especial para «conocer la realidad» de la zona de E lPilón y plantear alternativas de cara a la recuperación del barrio ubicado en el Paseo de General Dávila. La moción, presentada por el grupo regionalista municipal, busca instar al Consistorio para no dejar «que se deteriore el barrio», indicó el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila. Aunque Javier Ceruti, concejal de Urbanismo, subrayó que «la gestión es privada» y que una comisión no puede «decidir sobre qué hacer en suelo privado».