Santander aprueba sus impuestos de 2021 con rebajas en el IBI, el agua y las basuras

Desde que el equipo de gobierno (PP y Cs) presentó el borrador de las ordenanzas fiscales de 2021, dejó claro que contarían con la colaboración de los grupos de la oposición para mejorarlo y marcaron varias reuniones para que aportasen sus propuestas. Esta mañana, en el pleno extraordinario celebrado para aprobarlas provisionalmente -ahora se abre un periodo de alegaciones-, volvieron a insistir en esa idea de consenso.

Pero no todos han estado de acuerdo, especialmente desde el PSOE y Unidas por Santander (UxS), quienes aseguran que muchas de sus sugerencias «no se han tenido en cuenta» y que no hay progresividad en las rebajas de impuestos presentadas, «sino que favorecen a los que más tienen». Las tasas de basura, alcantarillado y agua han sido las más criticadas por los expedientes que hay abiertos contra estos servicios. La alcaldesa Gema Igual ha tomado la palabra al final del pleno para contestarles y apuntar que «las bonificaciones planteadas son las que aseguran esa progresividad y favorecen a quienes más lo necesitan».

Tras la presentación del orden del día por parte del secretario, el primero en tomar la palabra ha sido el concejal de Hacienda, Víctor González Huergo, quien ha enumerado las rebajas y bonificaciones que entrarán en vigor el próximo año.

En el turno de palabra, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha sido el más crítico, asegurando que lo que se vota «son las ordenanzas del PP y Cs». «Nos han dicho que estudiarán nuestras aportaciones, pero no están en el documento que vamos a votar», ha lamentado y ha basado su discurso en el artículo 133 de la Constitución Española, que alude a los principios «de igualdad y progresividad» en materia fiscal. «Con sus medidas lineales no llegan a los que más lo necesitan. Tendrían que habernos hecho caso en nuestras propuestas». La única que, en principio, sí han aceptado es la aumentar la edad de los más pequeños en la gratuidad del TUS. Otras, como las ayudas a «familias monomarentales, las están estudiando».

Además, no ha dudado en calificar de «estafa» las tasas de alcantarillado, basuras y aguas por los expedientes abiertos hacia las concesionarias. «Sólo Aqualia ya se ha levantado 12 millones de euros y el equipo de gobierno ha dejado caducar una vez más el expediente de reequilibrio financiero». Igual no ha dudado en replicarle que eso «son datos falsos» y que su discurso es «malintencionado y radical».

El PRC ha mantenido una posición más neutra y ha considerado que todos los grupos «tienen la obligación de ser flexibles en una situación en la que el impacto social y económico va a ser terrible». Gracias al apoyo de los regionalistas, las ordenanzas fiscales han contado con los suficientes 'síes' para salir adelante. Algunas de sus propuestas, aceptadas por el equipo de gobierno, son la bonificación del IBI para las actividades económicas que «más han sufrido», las bonificaciones para las empresas que creen empleo indefinido y para las constructoras que «eliminen barreras arquitectónicas», como ha enumerado Amparo Coterillo.

Desde UxS, Miguel Saro también ha aludido a ese principio de progresividad «que no se cumple» en las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de gobierno. «Pido esfuerzo para que se apliquen medidas de progresividad fiscal que permitan que pague más el que más tiene y que no sea genérico». Respecto a las tasas de los servicios de las concesionarias, ha exigido «mayor seguridad jurídica en todos los servicios externos», aludiendo a esos desequilibrios que se están estudiando actualmente con varios expedientes abiertos.

El concejal de Vox, Guillermo Pérez Cosío, ha considerado que la mayoría de las propuestas «son muy positivas», pero apunta que esta bajada de ingresos para las arcas municipales tendrá que ir acompañada de «una disminución de gasto en los presupuestos, porque no nos sirve que bajen los impuestos si se va a tener que pagar la diferencia de otra manera».