El Palacio de Justicia en las Clarisas requeriría un cambio del Plan General

Así lo confirmó el concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, César Díaz, quien señaló que cuando se habló de recuperar este lugar como sede judicial se hizo apoyándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, anulado por el Tribunal Supremo hace casi tres años. Díaz indicó que, bajo la cobertura del PGOU del 97 -el documento urbanístico que está actualmente en vigor- las posibilidades de desarrollar en el antiguo convento una 'ciudad de la Justicia' «se tienen que estudiar al milímetro». Entre otros motivos, debido a que el plan vigente no permite aumentar el espacio construido.

De modo que el propósito de Revilla solo sería viable en ese espacio recurriendo a una modificación puntual del Plan General del 97. Esta es la fórmula que utiliza el Ayuntamiento de Santander para dar encaje a algunas ideas que estaban en marcha en varios sitios de la ciudad y se quedaron sin cobertura legal al irse al traste la biblia urbanística de 2012. Pero, según aseguró el edil de Fomento, plantear una modificación puntual conlleva una serie de requisitos bastante exigente. Por ejemplo, si se resta superficie destinada a área verde de una parcela concreta se tiene que compensar en otra parte de la capital.

La ambición de un Palacio de la Justicia en la vieja factoría de tabacos lleva rondando más de 13 años la cabeza de los gobiernos regionalistas, que quieren darle uso tiene a un edificio que está protegido desde 1982 con la etiqueta de Bien de Interés Cultural (BIC). En marzo de 2006, en pleno proceso negociador de las transferencias de Justicia a la comunidad autónoma, los representantes de las administraciones central y regional ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de convertir este inmueble en sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Audiencia Provincial y la Fiscalía adscrita a estos dos órganos.

Tanto Cantabria como Madrid veían entonces con buenos ojos adecuar el convento de las Clarisas de la Santa Cruz, que era propiedad de Patrimonio, en la principal sede judicial de la región y así paliar en buena medida la dispersión de instalaciones. En un primer momento, la idea de la autonomía era alcanzar el compromiso del Ministerio de Justicia de asumir las obras de rehabilitación y su coste efectivo, con las derramas a que hubiera lugar. Ese mismo año el Ejecutivo regional entregó al Ministerio un anteproyecto de reforma con la pretensión de que el Estado financiara la ejecución de la obra.

Unos años después, Patrimonio cedió la finca a la comunidad autónoma: la mitad quedó en manos del Ayuntamiento, que tiene en cartera levantar allí casi 70 viviendas de precio asequible. Mientras, el convento y otras naves se dejaron para el Gobierno cántabro, que hace un año encargó informes geotécnicos y estructurales con vistas a actuar para mantener el inmueble y contar con la información necesaria para decidir su futuro uso que, según se afirmó, está en el aire.