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La empresa Palomera será la encargada de derribar los edificios 9 y 13 de la calle Alta, ubicados en el Cabildo de Arriba. Así lo ... ha aprobado esta semana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, que es el propietario de estos inmuebles. Los trabajos, que cuentan con una inversión de 252.890 euros y un plazo de ejecución de tres meses, incluyen la dirección de obra, estudio de seguridad y estudio de gestión de residuos. En este contexto, una vez concluyan las obras de demolición, habrá 29 suelos sin uso y 29 edificios en pie en el núcleo de este barrio.
Se trata de un nuevo trámite que permite avanzar «en base a la línea estratégica acordada en la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba», explicó este martes el concejal de Fomento, Agustín Navarro. Una comisión que nació en 2007, tras el fatídico derrumbe de la calle Cuesta del Hospital -que se llevó por delante la vida de tres personas-, y cuyo objetivo era reunirse cada pocos meses para avanzar en planes e intervenciones en el barrio. Sin embargo, a día de hoy, se producen una vez al año.
Navarro también recordó que, el Gobierno de Cantabria, a través de su empresa pública, Gesvicán, prevé construir vivienda asequible para los santanderinos en el espacio que ahora ocupan los edificios que serán derribados, junto al número 11 que ya ha sido demolido. «Existe un compromiso firme para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta zona de la ciudad, un área deteriorada en la que, por diversas circunstancias, la propiedad no ha podido hacerse cargo de la rehabilitación», añadió el edil, que explicó que el trabajo que desarrolla el equipo de gobierno del PP en el Cabildo, que se ha gastado más de 500.000 euros en la compra de pisos, es «sin ánimo de especulación sino para poder tener la capacidad de decisión sobre los inmuebles».
Los dos bloques de la calle Alta 9 y 13 se declararon en ruina económica y se obligó a los propietarios a demoler sus edificios y acondicionar los solares resultantes, limpios de escombros y vallados. Revisados los expedientes administrativos, se informó que los proyectos de demolición no habían sido presentados. En mayo de 2024, se comprobó que no se había realizado. Así, transcurrido el plazo concedido, sin haber sido atendido por la propiedad y de acuerdo a la Ley 5/2022 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el Ayuntamiento procederá a la demolición de ambas edificaciones y al acondicionamiento de las parcelas.
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