Paralizado un desahucio en una vivienda de Ojáiz

En el interior de la vivienda de dos pisos se encontraban su esposa y sus dos de sus hijos mayores, porque sus dos hijos menores de edad se habían ido «para no presenciar el duro momento», explicó un familiar.

La Policía Nacional se presentó a las 9.00 horas en la vivienda y tras 30 minutos observando la entrada a unos metros de distancia, abandonaron el lugar sin llegar a intervenir ni mediar palabra con la familia afectada. También acudieron los comisarios judiciales y tampoco actuaron. La abogada del afectado avisó por teléfono de que el lanzamiento había sido paralizado circunstancialmente en los juzgados.

El afectado insiste en que él no es okupa puesto que adquirió su casa en 2005. «Siempre he trabajado y he pagado las obras de mi casa. He invertido en ella mucho dinero». Hernández añade que «con el covid, el trabajo ha faltado y por eso pido una solución que no sea dejarme en la calle, sino acceder a un alquiler social. Veo el futuro muy negro», ha lamentado.

Según el asesor de las plataformas antidesahucios, «las hipotecas cruzadas son un procedimiento de dudosa legalidad que ejecutó Liberbank» y recordó que «existe un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales de Santander por los menores de edad que se verían afectados por este desahucio, que ha llegado algo tarde, pero que el juzgado debe tener en cuenta».