Seis meses de espera para presentar mociones repetidas en los plenos del Ayuntamiento

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander ya anunció el pasado octubre que tomaría medidas contra las reiteradas mociones de Ganemos, siempre sobre los mismos temas y rechazadas una y otra vez en los plenos. Y hoy el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica y aprueba definitivamente el nuevo artículo 45.5 del reglamento municipal, después de haber sido sometido a información pública y no haber recibido alegaciones, a pesar de que los grupos de la oposición mostraron su disconformidad con el cambio en un primer momento. La normativa obligará a los partidos a esperar seis meses, como mínimo, antes de presentar mociones rechazadas que sean «idénticas o sustancialmente iguales», bien porque «ambas persigan el mismo propósito o una finalidad determinada».

Fue en el Pleno del pasado 28 de septiembre cuando la portavoz de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, llevó para su debate, por novena vez, la petición para reprobar al ministro de Fomento y exalcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna, por la gestión del accidente del Alvia; impulsó por séptima vez otra propuesta para que se vean obligados a dejar su puesto aquellos cargos públicos a los que se sorprenda mintiendo (en alusión al polémico currículum de la alcaldesa Gema Igual); y registró por tercera vez dos mociones para reprobar al popular César Díaz y para crear una comisión de investigación sobre el derrumbe de la calle del Sol.

Pese a su insistente actitud, la portavoz de Ganemos no encontró respuesta en forma de apoyos por parte del resto de grupos que asisten, impertérritos, a la defensa incansable de las iniciativas y a su posterior desestimación. Pero el PP ya mostró en el mismo Pleno su hartazgo ante tal actitud y, a través de César Díaz, anunció su intención de buscar medidas para evitar que Yáñez-Barnuevo siga presentando las mismas mociones pese a ser rechazadas una y otra vez.

El portavoz del equipo de gobierno, César Díaz, explicó en su momento que el objetivo es evitar prácticas que «entorpezcan el funcionamiento o devalúen la labor del Pleno, y contribuir a la vez a una mayor seguridad jurídica».

Sin embargo, la propuesta popular no sentó nada bien en los dos principales grupos de la oposición. Los regionalistas vieron en esta iniciativa un intento del PP «de coartar» la funciones del Pleno y mostraron su oposición a reformas del Reglamento 'ad hoc'. Los socialistas opinaron que la propuesta popular podría «vulnerar derechos fundamentales» y criticaron que se trate de modificar el Reglamento «a la carta de los intereses del PP». Tanto PRC como PSOE sí abogaron por una reforma «global» del Reglamento, pero para «adaptarse a la nueva realidad política y ser reflejo de la participación, la transparencia y la pluralidad democrática que existe hoy en el Ayuntamiento», en palabras del socialista Pedro Casares.