Todos los partidos rechazan que se cambie el uso asistencial de la residencia de La Pereda

César Díaz, portavoz del equipo de gobierno, explicó que el PGOU de 2012 (anulado hace un año) etiquetó esta finca como equipamiento asistencial y público y que la vuelta al PGOU del 97 no cambia su calificación. Pero el también concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda señaló que el Gobierno de Cantabria desafectó al edificio de su uso público «para poder venderlo». Este inmueble forma parte del catálogo que el Ejecutivo ha puesto en el mercado -con escaso éxito- para hacer caja.

Ahora, al Ayuntamiento no le consta que el bipartito haya solicitado la modificación puntual preceptiva para cambiar el estatus urbanístico de inmueble, un detalle que a Díaz le «chirría» porque, según contó ayer en la sesión plenaria, si se subasta un bien que tiene uso sanitario-asistencial para facilitar su uso privado, el comprador necesitaría esa modificación puntual «de equipamiento público a privado». El portavoz del PP aseguró que pretende que la infraestructura «siga teniendo el uso» con que se calificó en 2012. Pero «no sabemos si el Gobierno» puede revertirlo a uso público, señaló el responsable de Urbanismo, contradiciendo los términos de la moción de Miguel Saro, en la que se que daba por hecho que el Ejecutivo regional ha pedido al Consistorio que inicie un expediente de modificación del PGOU con este objetivo.

Los portavoces de PSOE y PRC (Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, respectivamente) no dejaron pasar la oportunidad de acusar al PP del cierre de la instalación como parte de su «proceso de demolición sistemática» del estado de bienestar y ambos se mostraron claramente en contra de la venta programada por sus partidos, que cogobiernan en Cantabria.

Casares defendió que la parcela debe seguir teniendo uso dotacional (sin descartar un posible uso educativo). En su opinión, la finca ha de continuar siendo pública y la residencia tiene que rehabilitarse o levantarse nueva, dependiendo de lo que dictaminen los técnicos porque un hipotético arreglo tendría un coste «disparado». Fuentes-Pila consideró que la dotación es «crítica» y que el bipartito «debería hacer un estudio técnico ya» para determinar su futuro, teniendo en cuenta que la prioridad debe ser asistencial y que su grupo se opone a «perder patrimonio».

El Pleno aprobó, por otro lado, la modificación de las Ordenanzas Fiscales de Impuestos y Tasas para el año que viene con el respaldo del concejal no adscrito David González y rechazó las enmiendas que quiso introducir el grupo socialista, que había reclamado mayor progresividad. La alcaldesa Gema Igual mantuvo que el PP congela por tercer año consecutivo las tasas e impuestos en Santander, salvo la que corresponde al suministro de agua que subirá en línea con la inflación (el 1,5%).

Ana González Pescador, concejala de Economía y Hacienda, recordó que los santanderinos se ahorrarán nueve millones de euros en bonificaciones en 2018, aunque escuchó varias voces de la oposición arguyendo que a ellos no les salen las cuentas que hace el PP.