Perdonan 270.000 euros de deuda a un cántabro por la ley de la segunda oportunidad

Este vecino, ahora pensionista, tan solo deberá afrontar una cuota mensual de 70 euros durante 60 mensualidades (4.200 euros), según recoge en una sentencia el Juzgado de Primera Instancia Nº12 de Santander, que ha hecho caso omiso de las alegaciones de la Agencia Tributaria, según informa la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha sido quien ha asesorado a este santanderino.

El protagonista de esta historia se encontraba en una situación de insolvencia que llevaba arrastrando más de diez años. La recesión afectó fuertemente a su sector, el inmobiliario, lo que provocó una disminución drástica de sus ingresos. Aun así, siguió realizando su actividad profesional hasta 2013 con ayuda de préstamos y créditos. Pero en esa época eran ya en torno a 200.000 euros los que debía a entidades privadas y públicas. Además, también tenía cuatro anotaciones de embargo sobre su vivienda, la cual iba a perder más pronto que tarde si no pagaba las deudas pendientes. A pesar de aguantar algún tiempo, la deuda total creció y decidió solicitar información para solucionar el problema. Tras ser asesorados minuciosamente por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, los abogados de esta entidad sin ánimo de lucro le aconsejaron declararse insolvente y acogerse al proceso de ley de segunda oportunidad. El primer paso fue acudir a un preconcurso de acreedores, «con el que conseguimos paralizar cualquier embargo judicial, por lo que podría mantener su vivienda hasta el final del proceso», apunta Mónica Puente, abogada de esta asociación.

Después, los letrados de este colectivo propusieron un acuerdo de pagos en el que abonaría solo el 10% de la deuda. La respuesta de las financieras fue negativa al estimar que era demasiado baja la oferta. «Esta negativa es beneficiosa para el deudor, ya que se consigue la distinción de 'deudor de buena fe' en documento público, con el que puede solicitarse en el Juzgado correspondiente la ansiada liberación de todas las deudas pendientes», explica Puente.

Los letrados presentaron la respectiva demanda en los Juzgados de Santander, donde se propuso la entrega de la vivienda a cambio de cancelar las deudas privadas y públicas. Esta propuesta fue aceptada por el tribunal que, en una sentencia dictada el pasado 13 de junio, también le exonera del resto de la deuda, algo más de 75.000 euros.