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El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PP y Cs) ya había adelantado este lunes que emprendería acciones legales contra los gobiernos regional y central y contra la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el convenio fallido con la Fundación Caja Cantabria que obliga al municipio ... a devolver siete millones de euros a la entidad financiera. Hoy se ha debatido la propuesta en el Pleno y ha salido adelante con el único apoyo del concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío. El resto de grupos se han abstenido para «no entorpecer las posibilidades de recuperar el dinero», aunque han mostrado sus reparos ante el riesgo de perder el litigio.
Pérez-Cosío apuntó que sería «muy conveniente» que todos los partidos dieran su 'sí' y que el Consistorio estuviera más reforzado de cara a la presentación del recurso contencioso-administrativo. Pero nadie más ha dado su apoyo.
El portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, ha hecho referencia al informe municipal que avala que el Ayuntamiento tiene suficientes razones para ganar y que los riesgos «son pequeños». «En el mundo jurídico nada es predecible, pero iremos adelante». Por su parte, el regionalista José María Fuentes-Pila ha señalado que su grupo no se opondría. «Debe dejarse claro que no ha habido un daño efectivo, el dinero no se ha perdido, sino que se tiene que devolver. Debemos entender la envergadura judicial, la demanda civil contra tres entidades. Si se pierde, nos quedaremos sin muchos recursos. No teniendo profundos conocimientos jurídicos, nos abstendremos ante la posibilidad de recuperar el dinero».
Las consecuencias «son impredecibles». El socialista Pedro Casares también ha hecho hincapié en que el Consistorio se enfrentará a tres administraciones y puede traer consecuencias que no son las esperadas. «Nos abstenemos, pero hay una cuestión de fondo: se reclama una cantidad que primeramente fue ingresada por la Fundación, se tenía que devolver sin pérdida patrimonial». El concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, se ha abstenido argumentando que el recurso podría permitir la recuperación del dinero «pero hay riesgos, como los costes judiciales. Las dudas sobre el resultado final y la posibilidad de salir favorecidos porque un árbitro externo decida quién tiene razón me hacen abstenerme».
El primer teniente de alcalde, César Díaz, ha reiterado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se anuló por una causa externa (la cancelación del bitrasvase), lo que generó «una cadena», y ha matizado las palabras de Casares. «Existirá riesgo de que prospere o no la reclamación, como todo. Pero no es tan sencillo como que el Ayuntamiento recibió los siete millones de euros y sólo hay que devolverlos. Ese dinero se destinó a mejorar infraestructuras y equipamiento en la ciudad. No es dinero en una cuenta: son baldosas y asfalto».
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