
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La zona de El Pilón, junto a la avenida de General Dávila, recuerda a un Cabildo 'en miniatura'. Porque aunque lo forman menos de ... diez edificios y otros tantos solares abandonados, la imagen es muy similar a la del céntrico barrio de Santander. Las viviendas están en mal estado, con ventanas tapiadas, otras rotas, y fachadas con desperfectos y llenas de grafitis. En los solares abundan las malas hierbas, que superan el metro de altura. Ahora, el Pleno de Santander aboga por dar una nueva vida a este barrio y el pasado jueves aprobó una moción del PRC para crear una comisión especial para «conocer la realidad» de esta zona y plantear alternativas para su recuperación.
El «problema» que hay para actuar en esta área, como expuso el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, es que «la gestión es privada» y, según indica, una comisión no puede «decidir sobre qué hacer en suelo privado». En esta línea se manifiestan también desde la asociación de vecinos Prado de San Roque: «Nos parece fenomenal que se actúe en el barrio y se recupere, pero que no dejen de lado a las personas que viven allí, que los tengan en cuenta para desarrollar los planes que tengan en mente». El presidente del colectivo, Alonso, también apunta que en las zonas que están totalmente abandonadas, con inmuebles derruidos y solares sin uso, «ahí sí debe actuarse cuanto antes. Pero en alguna vivienda se han hecho recientemente arreglos porque aún vive gente y en esos casos hay que contar con ellos y no llevar a cabo acciones que les dejen en la calle».
El Pilón está ubicado en una zona popular de Santander, en el paseo de General Dávila, junto al depósito municipal de agua número 4. Son menos de 10.000 metros cuadrados que llaman la atención por la drástica diferencia entre el barrio y su entorno, con altos edificios residenciales donde los vecinos hacen su vida cotidiana junto al «agujero» que supone el Pilón. «Es como el Cabildo, pero aún más abandonado. Pocas veces se habla de él y desde luego hace muchos años que no se oye nada de que vayan a arreglarlo», apunta un vecino que vive en uno de los pisos más cercanos, con vistas directas a los solares abandonados.
El Pilón es, según recoge la moción regionalista, una «herida urbanística» y, como el Cabildo, se vio afectado por el Plan General de 2012 anulado cinco años después. Aquel PGOU amparó que en 2015 una constructora se interesara por adquirir gran parte del terreno para promover la construcción de dos torres de ocho alturas con cerca de 150 viviendas, algo que nada tiene que ver con la realidad del barrio, donde apenas quedan residentes.
La oposición vecinal, que llegó a comparecer en el Parlamento de Cantabria para frenar su desalojo, y la anulación de dicho Plan evitaron que se desarrollase la titánica obra, pero sumió en un abandono aún mayor al Pilón. Si entonces quedaban pocos vecinos, ahora es prácticamente imposible cruzarse con alguien por sus calles. Lo que pedían entonces sus habitantes, en la línea de lo que ahora promueve el Pleno, era una modificación puntual del PGOU que permita recuperar el barrio, pero respetando las viviendas que allí quedan y sin expulsar a los vecinos. En concreto, exigieron que se declarase El Pilón como Área de Rehabilitación Integral (ARI).
Como la nueva Ley del Suelo cántabra facilitará el trabajo en El Cabildo, ya que permitirá recuperar el plan de rehabilitación que se redactó tras el derrumbe de un edificio en 2007 que se llevó por delante la vida de tres personas y que se anuló junto al PGOU de 2012, la petición de los regionalistas es que El Pilón siga los mismos pasos y cuente con su propia comisión.
Así, la propuesta que se aprobó la semana pasada recoge, concretamente, que el Ayuntamiento impulse la creación de una comisión especial para el estudio de la zona de El Pilón que permita conocer la realidad actual y que se convoque en el plazo máximo de tres meses. Además, en dicha comisión deberán plantearse las alternativas posibles para su recuperación «priorizando el desarrollo de espacios públicos, de vivienda pública en alquiler y teniendo en cuenta los intereses de los actuales propietarios».
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