Los planes públicos para revivir el Cabildo no despegan y ya hay tantos solares como edificios

Además de degradación, el barrio acumula siglas: ARI, ARU, PERI, ARRU... Letras que forman instrumentos urbanísticos, algunos con más de 20 años de antigüedad, y que no han llegado a prosperar más allá del ARI, que sirvió para urbanizar las calles del barrio pero no ofrecía una solución para los inmuebles y los solares vacíos. Desde entonces, cada vez que parecía que por fin un plan avanzaba, se torcía: la explosión de la burbuja inmobiliaria arrastró unos y la anulación del Plan General (PGOU) de 2012 –cuatro años después– fulminó otros. El que más lejos llegó fue el Plan Especial de Protección y Reforma Integral (Pepri) de El Cabildo de Arriba, que llegó a aprobarse definitivamente pero quedó en nada porque la anulación del PGOU se lo llevó por delante. Desde entonces no se ha vuelto a plantear un proyecto a gran escala para el barrio y el Ayuntamiento ha ido tirando de actuaciones concretas, como la construcción del edificio de 66 viviendas de protección oficial (VPO) que inauguró en 2023 o el ascensor que une Jesús del Monasterio con el barrio. También el Gobierno regional realiza pequeñas cirugías, como la rehabilitación del convento de Las Clarisas, que arrancó el año pasado.

Son actuaciones más cercanas a parches, que resuelven un problema concreto, pero no ofrecen soluciones globales al abandono que sufre el barrio. Otra prueba de la dejadez de las Administraciones respecto a esta céntrica zona de Santander es la frecuencia con la que se convoca la Comisión Mixta del Cabildo. Nació en 2007, tras el fatídico derrumbe de la calle Cuesta del Hospital que se llevó por delante la vida de Gumersinda, Jesús Manuel y Raúl, y el objetivo era reunirse cada pocos meses para avanzar en planes e intervenciones en el barrio. Pero esas citas fueron espaciándose en el tiempo y ahora se producen casi de año en año –si no es más–.

La última cita se produjo en el verano del año pasado y allí se presentó, nuevamente, un proyecto concreto en lugar de una actuación integral. El Ayuntamiento, propietario mayoritario de los números 9 y 13 de la calle Alta, firmó un convenio con el Gobierno regional para tirar los inmuebles, que están en ruina desde 2020, levantar un nuevo edificio en el solar resultante y destinar las viviendas (unas 40) a alquiler social. Pero hasta este proyecto, que debería ser relativamente ágil en comparación con una reforma integral del barrio, está complicándose más de la cuenta. El derribo salió a licitación por urgencia en agosto de 2024 con intención de llevarse a cabo a principios de otoño, pero los inmuebles siguen allí, vallados «y con un jardín vertical que recorre la fachada», apunta Chema Solórzano, quien formó parte de la asociación de vecinos pero terminó abandonándola antes de que ocurriera lo inevitable: su total disolución. De hecho, el local que ocuparon está justamente en el bajo del número 9 de la calle Alta, tan en ruina como el resto del inmueble.

La primera licitación para derribar los dos inmuebles de la calle Alta quedó desierta y el derribo no se adjudicó hasta finales de este febrero. Ahora, como explican desde el Ayuntamiento, «la constructora tiene un plazo de dos meses para presentar el proyecto de demolición. Así, una vez presentado y aprobado, se procederá al derribo». En ese proyecto tendrán que establecer también cómo estabilizarán los edificios colindantes, el 7 y el 15, que están habitados. El 11 ya se demolió por lo que, una vez se tiren estos dos, podrá avanzarse en los planes para construir el nuevo inmueble, que correrá a cargo de Gesvicán y para lo que aún no hay fechas.

Las propiedades del Ayuntamiento, que lleva varios años invirtiendo en el Cabildo, se ciñen a estos dos edificios y, según apuntan, de momento no tienen pisos en ningún otro inmueble. Cuanta más presencia tiene la administración en las comunidades de vecinos, más poder de decisión, como ha ocurrido en los dos que van a demolerse. La propiedad del resto de inmuebles está dividida entre particulares y promotoras, estas últimas con cada vez más presencia. Anjoca es la mayoritaria, aunque guardan silencio respecto al número de propiedades que poseen en el barrio y posibles proyectos. Su expansión en el Cabildo arrancó hace 20 años y participó en varios de los frustrados planes urbanísticos. También Tecniobras tenía presencia en el barrio, pero dejó de comprar al ver que ningún plan avanzaba.

Ahora, una nueva inmobiliaria empieza a expandirse por el Cabildo: Tecnocasa. Vende un inmueble entero, aunque por plantas, en la calle San Pedro. Por dentro, los pisos tienen techos y suelos hundidos, lo que hace indicar que la rehabilitación tendrá que ser para el inmueble al completo. También venden un ático en la Cuesta del Hospital, junto al solar del edificio que se vino abajo con tres vecinos dentro. Como explica una vecina de la calle Alta, esta inmobiliaria está interesada en adquirir pisos y ha estado haciendo ofertas entre los inquilinos del barrio. «El vehículo rotulado de esa promotora ha estado varios días por aquí». Solórzano, que aunque ya no existe la asociación sigue pendiente de los avances –casi nulos– que se producen en el barrio, apunta que acaban de vender un ático de la calle San Pedro que da a la calle Alta por 80.000 euros. «Está en un estado pésimo, hay que arreglarlo completamente y no mide más de 50 metros cuadrados». «Es tanto ya lo que hay en manos privadas (promotoras), que serán quienes lo vayan a decidir todo. Aunque el Ayuntamiento tiene herramientas para hacer lo que le dé la gana; para desarrollar proyectos, expropiar o levantar viviendas, pero se escudan en la propiedad privada», apunta.

Pero, ¿por qué, en más de 20 años, ningún plan ha prosperado? El ex director general de Urbanismo del Ayuntamiento, Antonio Bezanilla, quien estuvo en el Consistorio durante la legislatura 2019-2023, tiene claro que «no hay una clara voluntad de hacer una inversión fuerte en el barrio. Suelo poner de ejemplo los 8 millones que se iban a invertir en cubrir la Porticada. Si coges esos 8 millones y los inviertes en suelo del Cabildo, ya luego puedes plantear levantar vivienda pública. Pero no se puede invertir 30.000 o 40.000 euros, tiene que haber voluntad y dinero».

Las últimas sesiones de la Comisión Mixta tampoco han dado unos resultados muy claros sobre los planes más inmediatos para el barrio. En 2022, se planteó recuperar el Plan Especial, pero no hubo mucha concreción; y en 2023, anunciaron su objetivo de modificar puntualmente el Plan General, firmar un convenio entre las tres Administraciones (Gobierno nacional, regional y Ayuntamiento) e ir mejorando el barrio mientras avanzaban los dos primeros trámites. Desde entonces, el único avance visible es la obra de Las Clarisas, pero de los puntos fuertes del encuentro no ha habido novedad. Desde el equipo de gobierno no dan muchos detalles: «Actualmente se están ejecutando los acuerdos tomados en la última Comisión Mixta. Cuando haya contenido y novedades, se convocará una nueva reunión».

Aunque el aumento de presencia de ratas se ha detectado en varios puntos de la ciudad, el Cabildo lleva años conviviendo con ellas. «El problema de salubridad del barrio es evidente. Los solares abandonados y edificios ruinosos las atraen», lamenta Chema Solórzano. No son los únicos 'contras' que acumula el Cabildo. «Hace años se movía mucha droga, eso ha bajado, pero la prostitución continúa. He presentado tres escritos en el Ayuntamiento por la evidente violencia contra la mujer que supone, la falta de libertad y la falta de salubridad a la que se exponen en esos edificios medio en ruinas. No me han hecho caso».