Sin plazo para el nuevo Plan General de Santander

El concejal de Urbanismo de Santander, César Díaz, no ha marcado hoy plazo para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que dará sus primeros pasos en 2018, después de la anulación judicial del anterior, que ha recordado que tardó 8 años en ser aprobado definitivamente.

Para echar a andar, Díaz ha explicado, en la presentación de los presupuestos de su Concejalía para 2018, que se aumenta la partida de estudios y trabajos técnicos en 300.000 euros, hasta los 900.000, con la idea de empezar a tener una asistencia técnica para comenzar los trabajos previos.

El concejal prevé, para ello, tener concluidos los pliegos antes de que acabe este año y comenzar los trámites para la contratación de ese servicio técnico a principios de 2018, razón por la que ha explicado que se produce el aumento de esa partida, según ha señalado a preguntas de los periodistas.

A partir de ahí, César Díaz no ha marcado un plazo para la aprobación del nuevo Plan General, cuya redacción y tramitación tiene que «partir de cero», un proceso que con el anterior, anulado por el Tribunal Supremo, se prolongó entre 2004 y 2012, ha recordado.

Por ello, el concejal de Urbanismo ha apuntado que si no se hace el esfuerzo de «acomodar» la legislación a unos plazos «más razonables y sensatos» para que un ayuntamiento se pueda dotar de un planeamiento, el tiempo para aprobar ese documento «pueden estar en ese orden». «A veces puede estar un poquitín por abajo, normalmente estás por arriba», ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado que, con la actual legislación, los planes urbanísticos, que «normalmente» son recurridos, ha puntualizado, son documentos «frágiles», por lo que considera necesario abordar con «urgencia» una modificación normativa para que hacer frente a esa «fragilidad jurídica».

En el caso de Santander, Díaz ha recordado que la anulación del anterior plan general se produjo por una causa externa al Ayuntamiento, no porque fuera ilegal, sino por la nulidad del bitrasbase del Ebro, la infraestructura de la que la ciudad recibe el agua que fue tramitada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por ello, ha señalado que el Consistorio santanderino ya ha trasladado al Gobierno de Cantabria, que aprobó el documento definitivamente, y al Ministerio de Medio Ambiente su reclamación patrimonial, a través de un expediente formal, de los 3 millones de euros que le costó la tramitación del plan general de 2012, al considerarles «responsables» por su anulación.