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El artículo 47 de la Constitución Española, ese que hace referencia al derecho de todos los españoles a una vivienda digna, ha pasado este jueves por la boca de todos los portavoces del Ayuntamiento santanderino, aunque cada uno se lo ha llevado a su terreno. ... Porque la vivienda, el auge de los precios del alquiler y los pisos turísticos fueron protagonistas de una de las mociones más debatidas en el Pleno y defendida por el PSOE, grupo que exigía que el municipio se declare zona residencial tensionada para, así, poder regular los precios que llevan meses en alza. Pero su propuesta solo convenció a IU, el único grupo que votó a favor, mientras que el PRC se abstuvo y el PP y Vox votaron en contra.
Como defendió el portavoz socialista, Daniel Fernández, su intención era que el Ayuntamiento instase al Gobierno de Cantabria a analizar los precios de compra y alquiler de las viviendas de la capital cántabra y confirmar si ese gasto supera el 30% de los ingresos medios de las familias; en caso afirmativo, pedía que se declarase Santander, mediante la Ley estatal de Vivienda, zona residencial tensionada para regular los precios, como ya ha ocurrido en otros municipios cántabros, como Comillas.
Pero al concejal de Fomento, Agustín Navarro, no le convenció el plan. Porque, aunque reconoce que «es un gran problema social a resolver», no lo hará «con demagogia». Lo dice al considerar que la ley estatal «es propagandística, con lugares comunes ideológicos y de interpretación y no hace más que confundir». Además, también rechaza la moción porque «aunque la ley habla siete veces de los ayuntamientos, no dice nada de instar a los gobiernos autonómicos a hacer estudios», por lo que la primera parte de la moción quedaría, a su juicio, invalidada. Aún así, para defender que desde el PP sí están trabajando a favor de la vivienda asequible, sacó las cifras de las viviendas de protección oficial (VPO) que han construido en Santander. «La Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) ha promocionado 1.204 viviendas desde 2008». Y también aprovechó para lanzar una pulla a los socialistas: «La ley, según usted, facilita el acceso a la vivienda digna a las personas que tienen dificultades para acceder a ella en el mercado libre, así que anime a sus compañeros de Gobierno a que lo hagan en Santander, porque aquí, hasta ahora, con ley o sin ley, todo lo ha hecho la SVS».
Otro grupo que mostró su total oposición a declarar Santander zona residencial tensionada fue Vox, al no considerar que aplicar esta ley fuera la solución al problema existente. La portavoz, Laura Velasco, afirmó que la actual situación de la vivienda se debe a que cada vez hay menos propietarios y más personas que viven de alquiler, lo que favorece «a los grandes fondos y especuladores». «No hace falta más regulación, la solución es volver a poner la propiedad privada en el centro, volver a ser un país de propietarios y fomentar vivienda asequible y la seguridad jurídica de los propietarios contra el problema de la okupación».
El posicionamiento del PRC fue el más confuso ya que, aunque el grupo consideró que hay que tomar medidas, sobre todo, para regular las viviendas turísticas y proteger así a la gente que quiere vivir de alquiler en Santander, terminó por abstenerse. «Los jóvenes que encuentran trabajo en Santander no pueden acceder a una vivienda en la ciudad por los precios desorbitados. El problema ha prosperado porque muchos propietarios adecentan pisos y locales para pisos turísticos. Habría que frenarlo o regularlo», expuso el portavoz, Felipe Piña. Lo que en su caso le «chirría» es instar al Gobierno de Cantabria a tomar cartas en el asunto ya que, en su opinión, debe ser el Ayuntamiento quien lo haga.
Para Keruin Martínez (IU), el único apoyo del PSOE en esta moción, la propuesta trataba de solucionar «uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía». «La vivienda es un derecho, no un mero bien de mercado como un par de zapatos o un coche. Necesita garantía y protección». Aunque considera que el debate «está incompleto» sin una ley autonómica, apoyó la moción porque «empuja en la dirección de resolver el problema». También recordó que en el verano de 2023 presentó una moción para regular las viviendas de alquiler vacacional en la ciudad y que, como esta, tampoco prosperó.
La otra moción que defendieron los socialistas tuvo más éxito que la de vivienda. En concreto, el PSOE pidió que el Ayuntamiento exigiera al Parlamento que se incluyera en el trámite de enmiendas una partida para realizar un estudio sobre la posible construcción de un aparcamiento en altura en Gamazo, junto al Palacio de Festivales. A esta propuesta, el PP presentó una transaccional de sustitución que defendía apoyar al Gobierno en la elaboración de un estudio que está realizando para analizar diferentes zonas de la ciudad –entre las que está este área de Gamazo– y determinar dónde construir aparcamientos, aunque los socialistas la rechazaron por su interés en esta zona concreta. A pesar del rechazo, el PP y el resto de los grupos mostraron su disposición a apoyar la moción, que salió adelante por unanimidad.
El PP también rechazó reclamar al Gobierno de Cantabria que declare y regule la capitalidad de Santander porque, aseguran, las inversiones autonómicas «ya están llegando» y «lo que de verdad importa es que las cosas se hagan y no cómo se las llame». Así lo señaló el concejal de Economía, Javier García, para explicar la postura de los populares para votar en contra de esta moción de Vox, una iniciativa en la que la oposición acusó al equipo de gobierno de «olvidarse» de esta reivindicación con el Gobierno del PP cuando era «irrenunciable» cuando gobernaba PRC-PSOE.
En la parte final del debate, que apoyaron Vox, el PSOE e IU –el PRC se abstuvo–, intervino la alcaldesa, Gema Igual, quien aseguró que entiende que el Ejecutivo regional «debe apoyar a la capital, a Santander», como está haciendo el actual, a diferencia del anterior, que «nunca hizo ni caso» a las peticiones del Ayuntamiento. También recordó que, en su primera reunión institucional con la presidenta María José Sáenz de Buruaga, ya se explicó la consideración de que la carta de capitalidad «está obsoleta» y que lo importante es «el apoyo a Santander como capital».
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