La Policía interviene en un desahucio que un vecino confunde con una okupación

La llamada al 091 por parte del vecino tuvo lugar a las 06.45 horas de este jueves y en ella se requería presencia policial urgente ante lo que él pensaba que era «la inminente okupación de una vivienda en su bloque». En respuesta, la Policía envió al lugar a agentes del grupo de atención al ciudadano que intervino para desalojar a los presentes del edificio. Un acción tensa que fue grabada en vídeo.

Fuentes policiales han explicado a El Diario Montañés que los agentes llegaron al lugar para comprobar los hechos y, como hacen con cada aviso, verificaron la llamada. Para ello, «se entrevistaron con las distintas partes y los agentes llegan a la conclusión de que no se trataba de una okupación y se resolvió el conflicto». Por su parte, los miembros de la red antidesahucios explicaron que su presencia en el lugar era «pacífica» y que estaban concentrados para «apoyar a su compañero y activista, Roberto Mazorra, ante su desahucio, programado para este jueves a las 09.00 horas».

«No nos creemos que la Policía no supiera nada de esta congregación solidaria», señalaron desde la PAH, y denunciaron que la Policía «forcejeó con una vecina mayor, cuyo estado de salud es delicado, y utilizaron las defensas, como se ve en el vídeo, para entrar al edificio sin orden judicial y rompieron la puerta de la vivienda que iba a ser objeto de desahucio».

Tras este momento de tensión a primera hora del día, sobre las 09.15 horas se informó a los congregados que el desahucio había sido paralizado «debido a la huelga en los juzgados».

«Es insólito y una vergüenza por parte de los funcionarios que no hayan informado previamente de lo que iba a pasar y hayan permitido que montemos este dispositivo antidesahucios», manifestó el principal afectado. Es el segundo intento de desahucio al que se enfrenta el portavoz de la Red Antidesahucios y a su vez afectado, Roberto Mazorra, quien recordó que la Administración autonómica «por ley tiene la obligación de proporcionar viviendas de alquiler social o alternativas habitacionales a las personas en riesgo inminente de desahucio».

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuando la extinta Liberbank cedió viviendas en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario que en 2021 lo vendió a un particular de Valladolid por 50.000 euros.

Según indicaron desde el movimiento antidesahucios, «pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltaron la vivienda, destrozaron la puerta y entraron al interior del inmueble. Un par de semanas después volvieron de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados».