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Fue una casualidad. La Policía Local de Santander no había puesto en marcha ningún dispositivo destinado a identificar perros de raza peligrosa, pero en los ... últimos días denunció a los dueños de dos de ellos por no cumplir la normativa relativa a este tipo de canes. El primero de los casos ocurrió de madrugada en la calle Guevara de la capital cántabra, donde una patrulla identificó a un perro de raza Rottweiler al que su dueño paseaba sin el preceptivo bozal. El protagonista del segundo, sin embargo, fue un American Staffordshire identificado en la calle Jean León y en este caso, de nuevo, el animal carecía de bozal, a lo que se sumó el hecho de que su dueño no presentó a los agentes la licencia requerida para poseer un animal de esas características.
No fueron los únicos casos. Según informó ayer la institución, a estos dos casos se sumaron otros tres en los que, por suerte, los perros no eran de razas peligrosas, dado que mordieron a otros perros y a un viandante. El primer suceso tuvo lugar el pasado día 14 en la Cuesta del Hospital, donde los agentes denunciaron al responsable de dos perros que se encontraran sueltos en la vía pública, los cuales mordieron a un agente de Movilidad cuando intentaba que no atacaran a los viandantes.
El último de los casos se produjo el pasado viernes por la noche en la calle Cardenal Cisneros. Allí fue denunciado el responsable de otro animal que había mordido a un viandante, quien además no presentó el carné, la identificación o la cartilla sanitaria del can implicado.
La gravedad de las infracciones cometidas por los dueños de estos animales varían dependiendo de los casos. La actual normativa establece que los perros de raza potencialmente peligrosa (PPP) deben ir siempre sujetos y con bozal, y quienes no cumplan con estas medidas se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. En el caso de los perros de razas no peligrosas, que también deben ir siempre atados salvo en espacios concretos, las multas van desde los 90 a los 300 euros.
En cuanto a las infracciones relativas a la falta de documentación, los denunciados por la Policía Local en la capital cántabra pueden enfrentarse a sanciones que se mueven entre los 500 y los 600 euros, dado que la normativa especifica la necesidad de incluirlos en un censo municipal, insertarles un microchip e identificarlos con un distintivo en sus collares. Esta normativa, sin embargo, es susceptible de cambiar de aquí a final de año tras la aprobación el pasado mes de agosto de la nueva Ley de Derechos Animales. Entre otras novedades, esta norma eliminará la necesidad de que los perros de raza PPP tengan que llevar bozal, pero exigirá el cumplimiento de otras medidas de seguridad.
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Ana del Castillo
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