El PP usa su mayoría para descartar de forma definitiva la investigación del contrato de basuras

Para entender bien este conflicto judicial hace falta remontarse a diciembre de 2021. Entonces, los grupos políticos de la oposición y Ciudadanos -juntos tenían mayoría- aprobaron en el Pleno la modificación del reglamento para incluir en el texto las comisiones de investigación. A pesar de que salió adelante, el PP acudió a los tribunales en enero de 2022 para impedir dicho cambio al considerar los once concejales populares que la aprobación podía suponer un caso de «prevaricación», ya que el acuerdo se tomó a pesar de la existencia de un informe desfavorable de la Secretaría General del Pleno. Así, procedieron a la interposición de un recurso contencioso administrativo y a la solicitud de que, como medida cautelar, se suspendiera la eficacia del acuerdo hasta que se dictara sentencia sobre este recurso.

Finalmente, Gema Igual logró suspender el arranque de la comisión -que estaba previsto en agosto de 2022- respaldada por los informes de la asesoría jurídica y el secretario y tras el recurso de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Un procedimiento que recurrió la oposición y Cs y que se desestimó el año pasado. Cabe recordar que juntos contrataron un abogado externo para defender al Ayuntamiento de Santander. Es decir, un letrado que defendiera la modificación del reglamento del Pleno al no fiarse del servicio jurídico municipal.

El carpetazo final a la comisión ha caído como un jarro de agua fría entre los grupos políticos de la oposición. En un comunicado conjunto, PSOE, PRC e IU-Podemos denunciaron la «última maniobra» del PP para «asegurarse» una resolución judicial contraria a la modificación que incorporó las comisiones de investigación.

Daniel Fernández, portavoz del PSOE, aseguró ayer que así «el PP evitará que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se pronuncie sobre el fondo del asunto y que se celebre una comisión de investigación sobre el anterior contrato de las basuras», como pretendía la mayoría del Pleno la anterior legislatura.

El objetivo de la investigación de las basuras era aclarar «las irregularidades que llevaron a tener la ciudad más sucia que nunca» y «depurar las responsabilidades políticas por el fracaso del contrato y el deterioro de un servicio público esencial que se prolonga hasta nuestros días con un contrato de emergencia que, en noviembre, cumplirá dos años cuando tenía prevista una duración de solo nueve meses».

El que tampoco se mostró de acuerdo con «este abuso de poder» es el concejal de Vox Ángel Madariaga. A su juicio, «el equipo de gobierno pretende en el Pleno de este jueves allanarse a las propias pretensiones recurridas de manera individual por los ediles del PP la pasada legislatura», explicó. «Con esta argucia judicial, la cual es inmoral e incluso roza el fraude de ley, pretenden que los santanderinos no conozcan lo que sucedió con el antiguo contrato de basuras», aseguró. Además, desde Vox recuerdan que «la nefasta gestión de la alcaldesa ha costado a los santanderinos dos millones de euros, ya que los tribunales han dado la razón a la antigua adjudicataria del contrato de basuras en su pleito abierto contra el Ayuntamiento».

Por su parte, el portavoz del PP, César Díaz, insiste en que su anunció busca «resolver la ilegalidad que toda la oposición cometió la pasada legislatura con la modificación del reglamento». Además, explicó que el acuerdo que se lleva al Pleno «es el allanamiento propuesto por los letrados de los servicios jurídicos municipales», añadió el edil. «Lo único que pretenden es seguir confundiendo a los ciudadanos acusando al equipo de gobierno de irregularidades, cuando la realidad es que fueron ellos quienes infringieron la ley saltándose todos los trámites necesarios y aprobando un acuerdo en contra del informe de la Secretaría Municipal y de todos los letrados del servicio jurídico municipal», concluyó Díaz.