PRC y PP se ponen de acuerdo en Madrid para dar un futuro a La Horadada y al Rema

El acuerdo lo celebraron ambas formaciones. Mazón subrayó que su moción consiguió el respaldo «mayoritario» mientras que los populares valoraron como «positivo» haber alcanzado ese acuerdo, aunque, según añade la diputada Elena Castillo, «tarde y con fines electoralistas». Al menos esto «aporta un abrigo legislativo para los núcleos urbanos que acumulan valores culturales, históricos o etnológicos».

Lo importante es que la moción consigue dos objetivos:destinar los edificios a actividades de carácter social y que el Estado asuma su conservación. El documento aprobado –que insta al Gobierno nacional a actuar– incluye cinco puntos que van en la misma línea. Por un lado, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez defina cuáles son los criterios para determinar los rasgos de carácter identitario y patrimonial y, por tanto, contemplar la conservación de las instalaciones abandonadas que estén en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. Además, incluye la elaboración de un inventario de los edificios de titularidad pública incluidos en esas zonas y así, darles la protección que requieran. Por otro lado, otro punto clave es el desarrollo de acuerdos con las administraciones implicadas –en este caso el Ayuntamiento de Santander– para poder darles las condiciones que hagan falta y que puedan utilizarse para actividades deportivas o culturales.

Como último apartado, la moción también insta al Gobierno central a «conservar y mantener» las instalaciones que son de su titularidad. Este ha sido, precisamente, un elemento que ha enfrentado al Consistorio con el Ejecutivo. Ambas instituciones se han pasado la pelota sin ninguna solución. En noviembre de 2021 se puso en marcha la demolición de La Horadada por orden de la Demarcación de Costas. Sin embargo, las actuaciones se paralizaron porque Costas no había solicitado al Ayuntamiento la correspondiente licencia y obvió que el edificio está incluido en el Inventario de Bienes Catalogados del Plan Especial de El Sardinero.

Tras frenar la obra, con el edificio medio derruido, plagado de pintadas y sin paredes en la segunda planta que protejan el interior de las inclemencias climatológicas, Costas le pasó el testigo (y el problema) al Ayuntamiento y le cedió el balneario para que le diera utilidad pública. Una decisión que el Consistorio tachó de «imposición unilateral» por la «situación totalmente lamentable» del edificio. Por ello, los servicios jurídicos municipales interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra dicha medida, que todavía está pendiente de respuesta. Mientras, también está paralizado el futuro del edificio Rema.

Antes de la moción, Mazón interpeló a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, porque, según recordó, los dos edificios están «relacionados con el Estado y la Administración central» al ser de «titularidad pública y tener utilidad social demostrada». Por eso, el PRC consideraba que el Estado debía hacerse responsable de su cuidado. Para el regionalista, se trata de estructuras «clave y fundamentales para la actividad de la ciudad» y debía evitar la demolición. Además, criticó la «inactividad» del Ayuntamiento de Santander a la hora de proteger los edificios. Un comentario que la diputada popular redirigió al Gobierno de Sánchez de quien, dijo, «siempre echa balones fuera con Cantabria».