Tensión en el desalojo de un histórico activista antidesahucio en Santander

Desde primera hora de la mañana (desde las 6.00 horas, según el afectado) hubo fuerte presencia policial a la altura del número 7 de León Felipe para acordonar las inmediaciones del edificio en el que iban a actuar los agentes, lo que molestó enormemente a los activistas del derecho a la vivienda. A las 9.00 horas en punto se inició la intervención para desocupar el piso, ubicado en un entresuelo. Mazorra se había parapetado dentro junto con otras ocho personas y, además, habían bloqueado el portal con un colchón y algunos muebles pesados para entorpecer la entrada de los nacionales.

Estos tuvieron que romper la puerta de cristal del portal para acceder al bloque -el momento de mayor tensión, con el grupo de apoyo gritando contra los policías- y sacaron a todas las personas que estaban dentro: todos han sido identificados, puestos contra la pared con las manos en alto y todos han sido denunciado por resistencia a la autoridad, una denuncia que acabará en una sanción administrativa. También Mazorra, que fue apercibido varias veces por los integrantes de las fuerzas del orden para que les permitiera hacer su trabajo, ha sido denunciado por el mismo motivo.

Una veintena de policías para 'lanzar' a un activistaVer 10 fotos

El activista que ha sido lanzado llevaba viviendo en ese lugar desde 2018. Al principio, bajo el paraguas de un alquiler social, ya que está reconocido oficialmente como «precario». Pero luego esta renta se terminó, «el apartamento se vendió a fondo buitre y, en la actualidad ha pasado a manos de un empresario de Valladolid», ha explicado. Mazorra ha lamentado que llevaba tiempo sufriendo «amenazas para que lo abandonara. A los diez días de haber comprado, el nuevo dueño ya mandó a unos secuaces». Esto hizo que sus compañeros de piso se fueran y solo quedó él que, según ha declarado, ha intentado buscar soluciones pero «la Dirección General de Vivienda no ha querido reunirse conmigo», ha criticado. Cree que es «una represalia por ser activista». Mazorra fue de los fundadores de la PAH en 2011 en Cantabria.

Este era el tercer intento legal para sacarle de una vivienda que se encuentra a escasos metros de la Avenida de Reina Victoria, una de las más caras para residir en la capital. En octubre de 2022 se había programado el primer lanzamiento, que se suspendió por causas jurídicas. El segundo se planificó para el 18 de mayo de este año y quedó anulado en el mismo día como consecuencia de la huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia.

En el grupo que ha respaldado a Mazorra este martes se ha podido ver a Mónica Rodero, candidata de Podemos a la presidencia de Cantabria en las elecciones del pasado 28 de mayo. También a José Ramón Blanco, ex diputado de Podemos, quien siempre ha estado ligado a los colectivos antidesahucio.

Consumado el desalojo, el activista señaló que no tiene dónde vivir y que esperaba ser acogido por algún amigo. En 2016, trabajó en el Ayuntamiento de Santander, como personal de confianza del entonces concejal de Ganemos Antonio Mantecón, pero se quedó sin trabajo. Después, sin pareja. Y, desde este martes, sin casa.