El promotor de los pisos de Primero de Mayo asegura que no bajará los precios

«Nosotros nos hemos interesado por el problema, nos hemos erigido mediadores para tratar de acercar posturas, pero el propietario de los inmuebles defiende que no exige nada que no recoja el contrato firmado en 2011», asegura Eugenia Gómez de Diego, directora general de Vivienda.

Se refiere a la cláusula de ese documento de alquiler con opción a compra que todos los vecinos firmaron en su día y que indica que el precio máximo para adquirir los inmuebles en propiedad, tras 10 años de arrendamiento, sería «el resultante de multiplicar los metros cuadrados de superficie útil por dos veces el precio máximo legal correspondiente al momento de su calificación provisional». Algo que ha llevado a que unas casas de protección oficial por las que muchos inquilinos pensaban pagar una media de 115.000 euros, cuesten ahora 230.000.

«En ese sentido, nosotros, desde el Gobierno, no podemos hacer nada más. Hemos hablado con nuestros servicios jurídicos y nos informan que lógicamente no podemos cambiar con carácter retroactivo un contrato que se enmarca en el Plan de Vivienda 2005-2008», detalla De Diego. «Ahora, todo lo que suceda en esta situación depende de la voluntad del promotor», zanja.

La cuestionada cláusula se firmó en el contexto de aquellos años, en pleno 'boom' inmobiliario, pero ahora, con el mercado de vivienda en caída libre, los vecinos opinan «que está en el contrato, pero no tiene ninguna legalidad y es una completa estafa», señala Virginia Álvarez, una de las inquilinas que se está movilizando para defender la causa de los que allí viven.

El promotor ofrece la alternativa de un nuevo contrato de alquiler libre, a unos precios que según los vecinos aún no se han fijado. Pero ninguno acepta esta vía, porque automáticamente se perdería todo el montante adelantado por cada familia en concepto de alquiler con opción a compra. «El contrato fija que al final de estos diez años, en el caso de aspirar a la compra, nos descontarían del precio final el 33,3% de todo lo abonado durante estos años de alquiler. Algo que para mucha gente puede ser hasta 15.000 euros», critican los residentes.

«No nos esperábamos esto. Pensábamos que el promotor iba a ser más considerado e iba a tener en cuenta la gente que vive aquí, a la que no le sale el dinero por los bolsillos, precisamente», protesta Laura González.

Será este jueves cuando un grupo de cinco vecinos se reúna con un abogado que ha estado estudiando el caso en la última semana. «Es alguien que conoce bien este tipo de casos y que nos va a ayudar a encontrar una vía legal para reivindicar nuestros derechos, porque consideramos que esto es un atraco», reivindica Álvarez. «Nosotros entendemos que el dueño quiera seguir ganando dinero con los alquileres, por eso nos ha puesto precios que están completamente fuera de la realidad, pero es que no podemos consentir que nos roben», avanza la inquilina.

Vivienda asegura que la promotora se ha sentido «coaccionada» por los vecinos, que ha tomado las sucesivas informaciones aparecidas en los medios de comunicación como «un chantaje» y que precisamente por eso no claudicará a las presiones y mantendrá lo firmado en los contratos. Del lado de los residentes las cosas se ven bien diferentes: «Hemos estado tratando de hablar y de dialogar durante muchos meses. En estos mismos pisos vive una persona que trabaja en la promotora y no ha querido informar en todo este tiempo. Eso de que se sienten coaccionados es falso», señala Álvarez.

Los propietarios de los inmuebles confirman que hay varios vecinos que han firmado ya el nuevo contrato de alquiler, pero los inquilinos lo desmienten. «Eso es absolutamente falso porque estamos muy unidos y nos hubiéramos enterado», subrayan.