En marcha la reconstrucción del edificio de Sol dos años después del desplome

Ya está en marcha el proyecto para reconstruir las cinco viviendas que desaparecieron en el número 57 de la calle del Sol hace dos años. Pero se están dando los pasos preliminares y los da el Ayuntamiento de Santander, porque los tres implicados en el derrumbe del inmueble (los promotores de la reforma del local de la antigua coctelería Máster, el director de la obra y el contratista), a quienes el municipio instó a presentar un proyecto de construcción de la parte que se desplomó, no lo hicieron cuando se les requirió hace varios meses.

Esto ha obligado al Consistorio a iniciar un expediente de contratación del plan de edificación. Lo hará en ejecución subsidiaria, según explicaron fuentes municipales, lo que significa que las arcas locales toman la iniciativa con la pretensión de pasar luego la factura a las dos empresas y al técnico, a quienes el propio Ayuntamiento señaló como responsables de haber acometido «un exceso de obra» al rehabilitar un local del citado inmueble que dio como resultado que una parte del mismo se viniera abajo.

La sanción impuesta por el municipio a los tres colaboradores en la reforma (Dos Imanes Producciones, como promotor; a un experto de la empresa Tainsa que ejercía como controlador de los trabajos, y a Millán IC Multiservicios, el contratista) incluía que debían «restaurar el orden alterado y reponer los bienes afectados al estado anterior». Los tres interpusieron un recurso contra esta resolución que se está tramitando en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander.

Que se cumpla con la premisa de la restitución de las viviendas es vital para los cinco propietarios que se quedaron sin casa de la noche a la mañana y que, desde entonces, han guardado un escrupuloso silencio en público (aconsejados por su abogado) a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No renuncian a ninguna vía para que se les compense y, 24 meses después de aquel día de julio de 2017, la comunidad de vecinos se ha destapado para tachar de «absoluta temeridad» la actuación de todos los intervinientes en el acondicionamiento de la esquina ocupada durante años por el 'Máster' y critica que, en la actualidad, los tres implicados estén basando su defensa en el juzgado «fundamentalmente, en atribuir la responsabilidad al resto de participantes en la obra, siempre con olvido de sus propias obligaciones». Los vecinos se declaran «indignados» y lamentan que los sancionados por el Ayuntamiento «se hayan dedicado a cuestionar el estado del edificio antes de que se acometiera la reforma» pese a que, según los técnicos municipales, fue esa actuación la causante del desplome.

El representante legal de los propietarios, Miguel Ángel Gutiérrez Liébana, señaló ayer a este periódico que «se están preparando otras acciones civiles» y que la vía penal «no está descartada, porque aquí puede haber un delito de daños». Si por el momento la comunidad no ha recurrido a este camino es porque la acción penal «puede paralizar todas las demás», aunque «es una posibilidad».

Los afectados por el desplome, además, no descuidan ningún frente: en más de una ocasión han agradecido que han sido atendidos durante meses por la alcaldesa Gema Igual en persona, lo que no obsta para que no le quiten el ojo de encima al Ayuntamiento, al que han presentado un expediente de responsabilidad patrimonial, una forma de protegerse por si acaso los tres implicados directamente maniobran para no responder en lo económico. De esta forma, tendrían una puerta abierta para reclamar ante el Consistorio un resarcimiento. De hecho, hasta el momento, éste ya está pagando por el derrumbe: asegurar el edificio y consolidar la fachada destrozada, más las primeras ayudas económicas que se dieron a los afectados que tuvieron que salir del inmueble le ha supuesto un desembolso mayor a los 200.000 euros al Ayuntamiento.

Las familias del número 57 son conscientes de que aún les queda «mucho camino por recorrer» y son muy críticas con quienes provocaron la caída de tres pisos (los dos superiores a estos se tuvieron que echar abajo porque quedaron colgando en la nada), de quienes dicen que «omitieron todos ellos la más mínima diligencia en las obligaciones que cada uno de ellos tenía» y, además, «haciendo caso omiso de las señales y advertencias que daba el propio edificio, los residentes y el arquitecto contratado por la comunidad».

Los vecinos también recuerdan que «los partícipes en la obra mintieron al jefe de bomberos en cuanto a los trabajos que habían realizado en el edificio y el interior del local» y que, de no haber intervenido los bomberos, «las negligencias y omisiones (que probablemente sean constitutivas de delito) hubiera podido provocar que al menos 40 personas perdieran la vida».

En el inmueble caído hubo afectados de tres velocidades. La consecuencia más grave fue para el grupo de cinco propietarios que se quedó sin casa y para la sociedad que alquilaba el local objeto de la reforma que lo desencadenó todo. Otras cinco familias estuvieron más de un año y medio para recuperar las suyas. Y a un tercer grupo de otros cinco propietarios y al de un negocio le bastó con pasar un par de meses fuera antes de poder volver a sus viviendas. Lo hicieron en cuanto se certificó que, con su regreso, no corrían peligro.