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Los grandes sobrecostes aprobados por el Ayuntamiento en el último año suman 2,7 millones de euros. Entre los más abultados están la rehabilitación del ... Museo de Arte de Santander (MAS), las obras del centro cívico de Cueto y la creación del Centro de Iniciativas Empresariales de La Tesilla. Las razones son tan diversas como proyectos hay: cambios aprobados sobre la marcha para atajar contratiempos, mejoras en el proyecto inicial y encarecimiento de los materiales a medida que avanzan las obras. Para el portavoz del PSOE municipal, Daniel Fernández, estos sobrecostes «son un agujero negro por el que se escapa el dinero de los santanderinos» y responsabiliza al PP por «alterar las reglas de la contratación pública». Algunos los auguró antes de que ocurriesen, como el del centro de La Tesilla, de cuyo sobrecoste alertó en el Pleno de abril de 2022.
El edil lamenta que con esos «casi 3 millones» se podría haber ampliado el parque público de viviendas, construido aparcamientos en altura en los barrios, parques infantiles cubiertos, financiar la gratuidad del servicio de madrugadores en los colegios y eliminar los copagos en la asistencia y la comida a domicilio.
Además, apunta que los sobrecostes «perjudican a los ciudadanos» porque las obras son de «peor calidad», pero también a las empresas que pierden el concurso frente a proyectos que se presentan «como más baratos, pero al final salen más caros». Fernández asegura que esto «no es algo nuevo» y que lo viene denunciando «con insistencia» desde el inicio de la anterior legislatura, cuando se acumularon 2,5 millones de sobrecostes en la Plaza de Italia, el túnel de Tetuán o el Palacio de La Magdalena. Del estudio de los últimos expedientes, el socialista observa «la participación concertada del PP y un reducido número de estudios de ingeniería externos y de empresas de construcción locales».
Para el portavoz del PSOE, el Ayuntamiento «abusa del contrato menor, que es un procedimiento que por ley debe ser excepcional. Fraccionan la redacción del proyecto y la dirección de la obra para evitar un concurso público, pero al final se lo adjudican a un mismo grupo de empresas». El edil sospecha que estos proyectos «adjudicados a dedo son deficientes, están inflados en cuanto al precio y obvian cuestiones técnicas previsibles, como la existencia de restos arqueológicos o problemas estructurales». En la fase de concurso para ejecutar las obras, las empresas «siempre ofertan mucho más barato respecto al presupuesto que ha validado la Administración, un sinsentido en un contexto de inflación y encarecimiento de materiales». Como ejemplo gráfico, «si una obra cuesta 6, el proyecto infla el presupuesto hasta 10. Se adjudica a la oferta más baja, por 6,5. Pero se modifica hasta los 7 o 7,5 millones, con lo que hay una ganancia de 1 o 1,5 millones».
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