La mayoría de la oposición pide la dimisión de González Pescador por el «escándalo» de Santurban

Pedro Casares (PSOE), José María Fuentes-Pila (PRC), Saro y Mantecón han informado en una rueda de prensa sobre el contenido de la moción que han presentado para su debate en el próximo Pleno, en la que reclaman la dimisión de la consejera de delegada de Santurban. También aceptarían que fuera destituida por la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Saro ha explicado que la cesión ilegal de trabajadores en la que ha incurrido el Ayuntamiento es una conducta de «dumping social, porque supone hacerles trabajar más barato y en peores condiciones que los empleados municipales». Aunque Inspección de Trabajo ha constatado que ha habido cesión ilegal de 33 trabajadores, esta práctica, según subraya la oposición, ha sido generalizada, de ahí que cerca de medio centenar hayan presentado denuncias y no se descarta que se sumen más.

Según el acta de la Inspección de Trabajo, Santurban -sociedad que tiene como único accionista al Ayuntamiento de Santander- se presentó a la convocatoria de subvenciones del porgrama de corporaciones locales, resultó adjudicataria, y realizó las contrataciones pero su labor se «limitó» a la «mera aportación» de mano de obra, «cediendo» trabajadores de Corporaciones Locales al Ayuntamiento de Santander. CCOO que presentó la denuncia inicial, explicó en su día que los trabajadores que han estado desempeñado tareas propias de los funcionarios municipales, podría exigir pasar a tener la consideración de trabajadores indefinidos-no fijos del Ayuntamiento de Santander, lo que obligaría al Consistorio a sacar la plaza a concurso público, y también a pedir que se les abone la diferencia salarial que hay entre lo percibido y lo que les hubiera correspondido

Al margen de que la sanción impuesta a Santurban haya sido tan solo de 6.251 euros, la mínima para una falta «muy grave», la oposición considera que el coste para las arcas municipales va a ser mayor. Según han explicado, el Ayuntamiento está manteniendo contactos con algunos de los trabajadores que han iniciado el procedimiento judicial para tratar de llegar a acuerdos «admitiendo la diferencia salarial e indemnizando por fin de contrato». Casares ha apuntado que estos acuerdos, supondrán que el Ayuntamiento deberá abonar en torno a 4.000 euros más de media por trabajador, lo que, en cualquier caso, conllevará el pago global de «cientos de miles de euros».

Además, Casares ha afirmado que el Ayuntamiento presentó el pasado 1 de diciembre un ERE de extinción de los contratos «porque sabía que estaban siendo irregulares, pero tuvo que retirarlo, ya que pagaba el Gobierno de Cantabria y, por tanto, no se podían alegar causas económicas u organizativas».

Para la oposición es aún más grave el perjuicio que se ha ocasionado a los 131 trabajadores que «están en sus casas», al no haberse podido materializar la segunda fase del programa de corporaciones locales, que debería haber comenzado en enero.

Para Fuentes-Pila, también es oportuna la petición de dimisión de González Pescador porque «ha quedado claro que el Ayuntamiento ha actuado de forma ilegal». En este sentido, Mantecón ha hecho hincapié en que la concejala es la responsable de este «nuevo escándalo» y del «nefasto estado» en el que se encuentra el área económica del Ayuntamiento.

«No pedimos muchas dimisiones, pedimos las justas y necesarias», ha subrayado Fuentes-Pila, adelantándose a la posible respuesta del equipo de gobierno ante la moción. Según el portavoz regionalista, si la responsable de Santurban no dimite, «la alcaldesa debería destituirla».

Al ser preguntados por el previsible rechazo de su moción, al contar siempre el equipo de gobierno con el apoyo del concejal no adscrito David González, Casares ha opinado que servirá para «demostrar quien está con la legalidad». «Será el momento de retratarse», ha añadido el portavoz socialista, para quien el hecho de que el equipo de gobierno se apoye de forma sistemática en un concejal «tránsfuga» es una muestra del «deterioro político en el que está sumido el Ayuntamiento».