El PSOE pide el cese de la directora de Medio Ambiente por las «derrotas judiciales» en Parques y Jardines

«Lo que no puede ser es que el PP pida ceses en otras administraciones y en Santander nunca dimita nadie», ha censurado el portavoz del PSOE en el municipio, Daniel Fernández, que insiste en que las sentencias contra el Ayuntamiento por los conflictos con las empresas de los principales servicios públicos, recogida de basuras y Parques y Jardines «tendrán un coste para las arcas públicas nunca inferior a los 13 millones de euros» entre cantidades a devolver a las empresas por retenciones mal practicadas, intereses de demora y costas judiciales.

Los socialistas apuntan que «un despilfarro de esta magnitud debe llevar aparejada la determinación de responsabilidades», que se inician con la «máxima autoridad», que es la alcaldesa, ya que «aprobó el Plan de Acción derivado de un informe del interventor que se ha demostrado erróneo».

Fernández subrayó que la regidora «elevó la cuestión a conflicto público atacando públicamente la reputación de las empresas prestatarias, a las que acusó de forma injusta de irregularidades e incumplimientos, así como al jefe de servicio de Parques y Jardines, que fue apartado y no ha sido restituido cuando las sentencias le están dando la razón».

Respecto a la concejala de Medio Ambiente, el portavoz socialista señaló que fue ella –según la última sentencia– quien impulsó el expediente de daños y perjuicios para reclamar más de 3 millones a la empresa que fue anulado.

Y en cuanto a la directora de Medio Ambiente, de quien pide su cese, apuntó que es la responsable de todos los grandes contratos públicos de la ciudad. «Ha tenido una gran responsabilidad en el convulso devenir de los contratos de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de playas, así como el de parques y jardines», expresa la moción.

El texto explica que la última sentencia anula la reclamación de 3,2 millones de euros por daños y perjuicios que la Justicia considera «inadmisible», por «la propia contradicción del PP que durante el contrato (2012-2018) no puso objeción alguna y con el servicio en precario inició una apariencia de fiscalización que no tuvo base ni sentido».