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Los polizones son de sobra conocidos por la Policía y los vecinos de la ciudad: hombres jóvenes, de nacionalidad albanesa y que harán todo lo ... posible por llegar a Gran Bretaña. Deambulan cada tarde junto a la valla, aguardando su oportunidad para burlar las medidas de seguridad del Puerto de Santander y buscar un escondite en cualquiera de los barcos con destino a la isla. Cada día hay una media de 15 intentos y en 2019 se contabilizaron 2.400 casos de saltos. «El daño es irreparable. Genera multitud de pérdidas porque una vez entran en el contenedor remueven las cargas y el cliente ya no las quiere. También produce muchos riesgos porque un día vamos a tener un disgusto porque es gente que trata de llegar a las bodegas de los barcos por todos los medios sin tener en cuenta la seguridad personal. No podemos seguir así», ha resumido esta mañana el presidente del Puerto, el exconsejero Francisco Martín.
Este viernes se ha hecho acompañar del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y del Consejero de Industria, Javier López Marcano, para retratarse frente a los medios sacando músculo para enfrentar el problema. «Esta misma semana hemos contratado a una empresa privada que comenzará a trabajar para velar por la seguridad de este espacio», ha concretado. En total, se sumarán siete efectivos más a los 45 policías portuarios que ya existen y a los 13 más que está previsto que pasen a ingresar estas mismas filas en las próximas semanas.
«Lo importante de esta nueva incorporación de siete personas es que trabajarán por las noches vigilando los puntos más conflictivos en los saltos». También trabajarán con un equipo especializado de perros amaestrados para la detección de personas.
El mayor problema, dicen las autoridades, es que este incidente recurrente pueda comprometer el futuro halagüeño del Puerto. «Un futuro que contempla el crecimiento exponencial cuando entre en funcionamiento el espacio logístico de La Pasiega, y que no podemos permitir que entre en riesgo por esta causa», ha enfatizado Revilla.
Pero no toda la solución está en manos del Gobierno de Cantabria. «Hace dos años que estamos pidiendo auxilio al Ministerio del Interior para que incremente los medios de protección en el Puerto de Santander», ha repetido Martín. Y a eso el presidente regional recordó que esta misma semana remitió una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska con la misma súplica.
«Necesitamos también un cambio legal. No puede ser que estas personas intenten de manera reiterada cruzar de manera ilegal las fronteras sin que tenga consecuencias jurídicas. Esto genera una desmoralización tremenda entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan aquí», ha incidido el presidente. «Necesitamos que se adopten medidas legales de manera que quien cometa esta infracción la pague de alguna manera, por ejemplo, retirándosele el visado de turista para que sea devuelto a su país. Si no, cada noche la Policía continuará deteniéndolos, devolviéndolos al otro lado de la valla, y ellos volverán a intentarlo de forma reiterada».
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Ana del Castillo
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