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El origen de los problemas entre Ascán, empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria de Santander durante casi treinta años, y el Ayuntamiento se remonta a 2013, cuando salieron a licitación los nuevos pliegos para adjudicar el servicio. Entonces, ya se evidenció una falta ... de consenso entre las partes implicadas por la amortización de parte del personal. En esa misma época, los vecinos denunciaron que la ciudad no estaba limpia, entre otras carencias que apreciaron en el servicio que se prestaba. Fue un año después cuando las diferencias entre el Consistorio y la empresa se hicieron públicas y comenzaron las penalizaciones a la adjudicataria por supuestos incumplimientos. Una relación que ha terminado en los juzgados tras la rescisión del contrato con Ascán en octubre de 2021. Un mes después, el equipo de gobierno del PP contrató por emergencia a Cespa –hoy PreZero– mientras se redactaban los nuevos pliegos, aún sin fecha de licitación. Y han pasado ya tres años de aquello.
Las últimas novedades de las que ha informado el Ayuntamiento sobre uno de sus contratos millonarios, a preguntas de El Diario Montañés, es que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 25 de marzo la estructura de costes del servicio de forma definitiva tras someterlo al correspondiente periodo de exposición pública sin que se registraran alegaciones. Esto es un paso previo a licitación del contrato e incluye un informe técnico sobre los costes del servicio en el que figuran todos los necesarios para el desarrollo de la actividad: personal, amortización y financiación, funcionamiento de la maquinaria y equipos y gastos generales. «Con el fin de aplicar el máximo rigor en el desarrollo del expediente administrativo, el Ayuntamiento remitió dicho estudio al Comité Superior de Precios del Estado el pasado 2 de abril para recabar su valoración», informan fuentes municipales. Por lo que, ahora mismo, el Consistorio «se encuentra a la espera del informe del comité sobre la estructura de costes de este servicio público».
Aunque, según detallan las mismas fuentes municipales, desde la Concejalía de Medio Ambiente «ya se ha completado la elaboración de los pliegos del nuevo contrato de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria». Es decir, aún no está ni en proceso de licitación el contrato. Esto, a pesar de que el equipo de gobierno avanzó que durante los seis primeros meses del año, el Ayuntamiento seguiría con el actual contrato de emergencia, mientras que el segundo semestre «se trabajará ya con el nuevo adjudicado». Lo confirmó Margarita Rojo, concejala del área, durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2024. Lo que se entendió entonces es que la nueva empresa no trabajaría en la ciudad, al menos, hasta el pasado julio. Pero no ha sido así. Llama también la atención que el compromiso de que este año se avanzaría con el proceso de licitación y Santander dejaría atrás el contrato de emergencia fue también de la propia alcaldesa, Gema Igual. Así se expresó durante una rueda de prensa en la que detalló los proyectos que tenía planteados su equipo de cara a 2024.
Una situación que, como no podía ser de otra manera, ha suscitado las críticas de la oposición, especialmente después de que el PP usara su mayoría absoluta hace un año para descartar de forma definitiva la investigación del contrato de basuras. Su estrategia se basó en llevar al Pleno el allanamiento del Ayuntamiento en el procedimiento judicial contra la decisión de modificar el Reglamento para introducir la figura de la comisión de investigación. Además, todos los grupos con representación municipal siguen denunciando a día de hoy que la ciudad está sucia y que «se merece un servicio de limpieza viaria a su altura».
La licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos se ha encontrado con varias piedras en el camino. Tras un prolongado conflicto con la anterior concesionaria –aún vigente–, el Ayuntamiento puso en marcha el proceso para adjudicárselo a otra empresa. Fue entonces cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) lo anuló, ya que UGT había denunciado los pliegos del contrato.
Lo hizo al entender que los costes laborales «se habían calculado con el antiguo convenio colectivo –que expiró en 2021– y no con el que está en vigor». Así, el sindicato entendía –y así lo explicó cuando se hizo pública la resolución– que «lanzar el contrato con el cálculo con los costes laborales del convenio antiguo de Ascán implicaría un déficit de más de 6 millones de euros en los tres primeros años de ejecución si se compara con el convenio colectivo vigente».
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