35 ruinas en los últimos tres años

En tres años y medio, Santander ha marcado 35 inmuebles que amenazaban ruina con la etiqueta del derribo, si bien la gran mayoría de los expedientes incoados por el Ayuntamiento con este objetivo se localizan en alguno de los pueblos del municipio y no en el centro urbano, donde se ubican -en el periodo citado- sólo uno de cada cuatro. De esos 35 inmuebles sin futuro, 24 ya han caído bajo la piqueta. Los once restantes están aún en el trámite administrativo (que lleva un tiempo, porque suele haber recursos de por medio) o a la espera de una ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento que ajusticia por su cuenta si los propietarios no cumplen con los plazos administrativos que se les conceden.

Actualmente, la Concejalía de Infraestructuras tiene en tramitación cinco expedientes de ruina, correspondientes a 2018, de los cuales solo uno se ha derribado ya. El último caso hecho público se registró hace apenas una semana, cuando la autoridad municipal ordenó el desalojo a toda prisa un bloque de la calle Alta, una calle céntrica de la ciudad, por riesgo para la seguridad de las personas. El caso es demostrativo de lo complicada que puede ser una declaración de ruina, ya que el titular del bloque llevaba tres años intentando que se le reconociera esta situación.

El responsable de Infraestructuras, Obras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento, César Díaz, admite que uno de los problemas es lo mucho que se dilatan algunos procesos que persiguen 'limpiar' el municipio de edificios ruinosos, pero también señala que, en las zonas urbanas, la principal preocupación está relacionada «con la seguridad», bien porque los edificios estén ocupados con el riesgo que eso supone para quien lo habita, «bien porque, aún no existiendo, puedan generarse problemas a terceros».

Por eso, señala, «todas las acciones municipales van encaminadas a resolver y garantizar la seguridad con caracter urgente» y siempre siguiendo las indicaciones de los servicios técnicos. También es un objetivo general que el mal estado de una edificación no afecte a la salubridad de su entorno, ya que las patología de suciedad y animales no deseados son bastante normales alrededor de los edificios en mal estado.

Y es que, aunque algunos sigan en pie años y años, los inmuebles se mueren. En ocasiones, se quedan obsoletos por lo que se denomina 'ruina económica', que se produce cuando el coste de las reparaciones para rehabilitar una construcción supera el 50% del valor de levantar un nuevo edificio de características similares en la misma superficie construida (sin incluir el valor del suelo, que no se tiene en cuenta).

También existe la 'ruina física', que se declara cuando la edificación tiene afectados los elementos estructurales fundamentales, de forma que no es suficiente acometer pequeñas reparaciones en una extensión superior a un tercio de la totalidad de la superficie. Finalmente, los técnicos tienen catalogada la 'ruina urbanística', que no conlleva la demolición. Significa, simplemente, que la construcción así señalada se ha quedado por algún motivo «fuera de ordenación» hasta que termine su vida útil y le llegue el momento de la ruina técnica. Y hasta ese instante pueden pasar muchos años. De modo que no se trata de una ruina en sentido estricto cuando se declara.

Dicen los expertos que la expectativa de vida de un inmueble está actualmente en el entorno de los 80-100 años, aunque depende mucho de las circunstancias de la construcción, de los materiales empleados y de su utilización. Esta última tiene gran peso en el cómputo, porque el hecho de que esté habitado y bien mantenido puede alargar mucho su existencia.

De los 35 edificios señalados desde enero de 2015 a junio de 2018 para pasar por la piqueta en Santander, más o menos el 75% están fuera de lo que se considera núcleo urbano. El otro 25%, el que supone una ruina en una calle muy transitada, es el que más daña la imagen de una ciudad. Por este motivo, en muchas ocasiones, el Ayuntamiento tiene que coger el toro por los cuernos: si los propietarios no quieren o no pueden (por falta de recursos) acometer una demolición obligada, se acude a la ejecución subsidiaria. El municipio se hace cargo del derribo, pero luego le repercute los gastos que genera la actuación a los propietarios. Porque el coste de la demolición corre siempre por cuenta de quien no ha sabido, querido o podido, mantener en correctas condiciones su propiedad.

De los 30 expedientes tramitados en los años 2015, 2016 y 2017, en casi la mitad (14) hubo que acudir a esta fórmula.

Díaz indica que no existe una razón objetiva para que un año se declare más de una ruina por mes (como pasó en 2015) y por el contrario, el número de declaraciones se queden en una cada dos meses otros ejercicios (ocurrió en 2016 y en 2017). Pero el edil apunta a que «la labor de inspección que venimos haciendo desde el Ayuntamiento para identificar edificaciones ruinosas ha sido y es muy intensa». De esta manera se ha reducido el número de casos en la ciudad. También llama la atención sobre otro factor: los casos que se detectan en el centro urbano «siempre están más a la vista y suelen ser edificaciones medianeras o colindantes con otras y suelen estar ocupadas, lo que supone que están sometidas a un mayor control»».

En este sentido, el responsable de Urbanismo de Santander pone en valor las labores de inspección realizadas como consecuencia de la obligación de elaborar los Informes de Evaluación Técnica de los Edificios de más de 50 años. Este proceso está sirviendo para identificar patologías y para detectar posibles situaciones ruinosas. El programa lleva en marcha varios años. Desde la entrada en vigor de la ley que hace obligatoria esta inspección se han presentado informes sobre un total de 2.481 inmuebles, lo que supone un 85% del total. El Ayuntamiento difundió recientemente una estadística que revelaba que la mayor parte de esos informes (2.235) se corresponden con edificios que fueron construidos antes de 1964, los primeros que debían cumplir este trámite pues ya superaban los 50 años de vida cuando se inició la aplicación de la normativa. El resto, otros 246, son inmuebles que a pesar de disponer todavía de tiempo suficiente han preferido solicitar la subvención del Gobierno.

Considerando que el 18 de enero ya deberían haber presentado el informe todos los edificios construidos antes de 1964, que son 2.628, y que hasta ese día lo habían registrado 2.235, existen en Santander otros 393 que han violado la norma a los que el Ayuntamiento ha concedido una prórroga hasta el próximo día 31 de diciembre para que se hagan con el certificado que garantiza unas condiciones de habitabilidad aceptables. Estas inspecciones son muy reveladoras para el municipio ya que le sirven para hacer balance sobre el estado del parque global de viviendas y para ejercer un mayor control sobre aquellos inmuebles sobre los que se levanta alguna alarma por el motivo que sea.

Desde 2010, se han declarado en ruina 128 edificios. Incoar un expediente no quiere decir que se inicie de forma rápida la demolición. Significa, simplemente, que se inicia el proceso. Y aunque lo más normal es que el derribo llegue, no todos los expedientes abiertos acaban con la piqueta en el lugar porque hay propietarios que optan por presentar un proyec to de reconstrucción, aunque son muy excepcionales. Si el Ayuntamiento constata que, efectivamente, se corregirá la situación de ruina, concede licencia de rehabilitación.