El PP saca adelante el Plan Económico-Financiero de Santander y 9,3 millones en inversiones

También el voto a favor de González ha facilitado al PP la aprobación de nuevas inversiones sostenibles por valor de 9,3 millones de euros con la realización de un modificado presupuestario para incorporar remanentes de 2017, en el que PSOE y PRC se han abstenido y Ganemos, IU, Mantecón y Vielva han votado en contra.

Estos eran los dos asuntos económicos más importantes que se debatían en el pleno de este jueves y en ambos el equipo de Gobierno (PP) y especialmente la concejala de Economía, Hacienda y Empleo, Ana González Pescador, han recibido las críticas de la oposición, sin contar a González que no ha intervenido en ninguno de estos puntos.

El Plan Económico-Financiero que se presentará al Ministerio de Hacienda, y que para la oposición supondrá la «intervención» de las cuentas por parte de Cristóbal Montoro, se prolongará durante este 2018 y también el año 2019, ejercicios en los que se deberán declarar la no disponibilidad de partidas por valor de 11 millones de euros.

En el caso de las cuentas en vigor, la edil del área ha detallado que se efectuará la no disponibilidad de crédito por valor de 4,7 millones. Esta cantidad saldrá de partidas como la gestión de residuos, en la que no se actualizarán los precios para retener 1,1 millones; lo mismo se hará en parques y jardines por 300.000 euros; otros 500.000 euros de la rehabilitación del antiguo túnel de Tetuán, 250.000 euros de intereses de créditos bancarios o 600.000 euros de movilidad sostenible.

Esto es necesario para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo referente a la regla de gasto, que se ha incumplido en 2017 debido a reconocimientos extrajudiciales de créditos o el renting de los nuevos autobuses articulados del Metro-TUS, según han detallado los grupos de la oposición en sus críticas.

No obstante, la concejala de Economía ha indicado que este Plan Económico-Financiero «no afectará en absoluto» a la actividad y a la «capacidad inversora» del Consistorio que, ha dicho, para financiar proyectos como el del túnel de Tetuán podrán recurrir a remanentes del año anterior, como los que se han incluido hoy al presupuesto vía modificado presupuestario.

Precisamente, la oposición ha criticado que el equipo de Gobierno se enorgullezca de haber cerrado 2017 con 23,8 millones de euros de superávit porque, a su juicio, lo único que demuestra es «la no ejecución» de las inversiones incluidas en el presupuesto evidenciando así «un gestión deficiente y negligente».

Previamente al Plan Económico-Financiero se ha debatido el modificado presupuestario para inversiones sostenibles por valor de 9,3 millones, entre las que figuran la remodelación de la plaza Eguino y Trecu, la mejora de la accesibilidad en la avenida de Los Castros, la renovación urbana de las calles Beato de Liébana, Las Marzas y La Folía o una partida para la renovación de aceras en el perímetro exterior de los Campos de Sport del Sardinero.

El hecho de que estas actuaciones no estén ya en el presupuesto es, para la oposición, que «no son urgentes» sino de obras que «deben atenderse de forma ordinaria» pero para las que se recurre al superávit del año anterior, ha señalado la regionalista Amparo Coterillo, quien además ha mostrado sus dudas de que esas obras vayan a ejecutarse este año.

La responsable de Economía, Hacienda y Empleo además se ha tenido que enfrentar en este pleno a la petición de su dimisión, tras la sanción a Santurban y al Consistorio por cesión ilegal de trabajadores, por parte de PSOE, PRC, IU y Mantecón, iniciativa en la que ha habido mucho debate pero que ha decaído con los votos en contra de PP y el no adscrito David González a pesar de contar con el apoyo del resto de la Corporación.

Para los promotores de la iniciativa, la sanción es «la gota que colma el vaso» de la «nefasta gestión» de esta concejala y supone un «escándalo» porque «mancha» el nombre de la ciudad, además de afectar a las «personas más vulnerable» como son los desempleados. A pesar de las críticas, la edil ha insistido, como ya ha venido haciendo, en que hay más ayuntamientos que tienen sanciones debido a la orden de Corporaciones Locales.

Por ello, ha reclamado una vez más al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que trabaje para acabar con la, a su juicio, «inseguridad jurídica» de esta orden, algo que también ha pedido la alcaldesa, Gema Igual, en su intervención al final del debate.