El Ayuntamiento de Santander no está de acuerdo con que el Mupac comparta edificio con la Consejería de Educación

Lo ha advertido así en la sesión el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, que ha expresado la «preocupación» del equipo del gobierno del PP, con las que se ha mostrado de acuerdo el edil no adscrito Antonio Mantecón.

Según ha recogido la agencia Europa Press, ambos han sido los únicos que han intervenido en este punto del orden del día, que ha salido adelante por mayoría, con el voto a favor de todos los grupos y representantes salvo dos abstenciones: de Tatiana Yáñez-Barnuevo, portavoz de Ganemos, y de Cora Vielva, ex de Ciudadanos.

Díaz, que también es primer teniente de alcalde y portavoz de los 'populares', ha mostrado la «inquietud» de su grupo por la pretensión del Gobierno regional (PRC-PSOE) de implantar en la misma parcela en la que se levantará el MUPAC la consejería del ramo, que en la actualidad aglutina las competencias de Educación, Cultura y Deporte, y que dirige el socialista Francisco Fernández Mañanes.

Frente a esto, el concejal del PP ha dicho que hay que «intentar» que no se «distorsione» la «identidad» del Museo, cuyos fondos se exhiben en la actualidad y en su mayoría en los bajos del Mercado del Este de la capital cántabra, después de casi un siglo de itinerancia por distintas sedes.

De hecho, parte del legado prehistórico y arqueológico de la Comunidad Autónoma ya se mostró en la ubicación proyectada ahora, en el inmueble que acogió la antigua Diputación Provincial, y antes de decidir que regresaba a este emplazamiento se había previsto su implantación en Gamazo.

Por eso, César Díaz ha pedido que la Consejería del área «respete» la identidad del MUPAC, desde el punto de vista del continente (edificio) además del contenido.

«El hecho de que pueda existir un solo edificio que albergue el Museo y la Consejería, bajo nuestro punto de vista no es positivo«, ha manifestado el responsable municipal de Infraestructuras, que confía en que en el concurso de ideas que se convoque con motivo de este proyecto se incluyan cuestiones orientadas a que, en esa parcela, el MUPAC tenga »la identidad« que como Museo debe tener.

Antonio Mantecón se ha mostrado de acuerdo con el PP y ha considerado igualmente que se debería replantear la propuesta inicial del Ejecutivo autonómico respecto a ubicar la Consejería junto con el Museo, que tendría que tener «identidad suficiente» en tanto que Cultura debería situarse en una ubicación «distinta».

El pleno ha dado luz verde también a las nuevas tarifas de los taxis para 2019, cuyo precio mínimo sube a 4,10 euros, con los votos a favor de PP, PRC y el concejal David González, mientras que el resto de la Corporación se ha abstenido.

Uno de los puntos que ha generado un mayor debate, segun informa EFE, ha sido el informe de control financiero de la empresa concesionaria de agua y alcantarillado durante el periodo 2011-2015 que ha realizado la intervención municipal y que recoge un superávit de 790.000 euros.

A la luz de este informe, la Junta de Gobierno local acordó este lunes congelar las tarifas del agua en 2019 e iniciar un expediente de equilibrio económico-financiero. Este servicio público empezó a ser prestado en 2006 mediante concesión a una empresa privada (Aqualia) por un periodo de 25 años y el primer informe de control, del primer quinquenio, puso de manifiesto un déficit de 1,6 millones en su prestación.

En 2012 se aprobó un cambio en la estructura de la tarifa que eliminó el mínimo y estableció un sistema de bloques para primar «un consumo responsable», según ha señalado el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, quien ha subrayado que con ese nuevo sistema se ha conseguido que el 69 por ciento de los abonados paguen menos y una reducción del consumo, aunque no se ha llegado al objetivo del 10 por ciento.

La mayoría de la oposición ha coincidido en denunciar que ese nuevo sistema ha perjudicado a los vecinos, que han visto como han subido sus recibos y han acusado al equipo de gobierno de «electoralista» por anunciar una congelación de tarifas a seis meses de los comicios.

El concejal de IU, Miguel Saro, ha destacado que el nuevo sistema tarifario ha sido la causa de que la concesionaria haya ingresado 8,6 millones de euros más entre 2011 y 2015, periodo en el que además se ha producido un déficit de inversiones de 1,7 millones según el informe, que, para el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, pone de manifiesto «toda una secuencia de irregularidades».

Quirós ha pedido a Saro que no se preocupe porque se tomarán las medidas necesarias con el expediente que se ha puesto en marcha y ha replicado a Fuentes-Pila que en el informe «no se habla de irregularidades sino de diferencias de criterio».

La alcaldesa, Gema Igual, que ha cerrado el debate, ha rechazado que se hayan tomado medidas ahora por la cercanía de las elecciones como afirma la oposición. «Esto no es una decisión política, es fruto de una fiscalización que hacen los servicios de intervención», ha dicho, antes de subrayar que ahora es cuando el Ayuntamiento puede actuar porque ya se ha llegado al 40 por ciento de la vida de la concesión.

Además ha subrayado que Santander es la tercera ciudad con el agua más barata si se excluye del recibo el canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria y ha garantizado que irá a Aqualia «con el informe entre los dientes» si hay algo que reclamar cuando concluya el expediente.

Durante el pleno, la alcaldesa también se ha mostrado dispuesta a acompañar a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio al despacho de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, para reclamar que los pliegos de concesión se incluya el pago por la empresa de sus gastos de transporte.

Así lo ha afirmado tras el debate de una moción conjunta que han presentado todos los grupos de la oposición, salvo David González, en la que se pedía que estas trabajadoras quedaran exentas de pagar la OLA, una iniciativa que ha sido rechazada con la suma de los votos en contra del PP y de este edil.

El grupo popular ha presentado una enmienda para que, en lugar de esa exención, se instara al Gobierno a modificar los pliegos de la concesión para que la empresa adjudicataria les pague los gastos de transporte, como ya hace el Ayuntamiento en los suyos.

Los promotores de la iniciativa no la han aceptado aunque sus portavoces han coincidido en que se habrían sumado a esa petición si se hubiera planteado como un añadido a su propuesta. Además de en criticar que el equipo de gobierno rechace ayudar a un colectivo con unas condiciones laborales precarias en el ámbito que es de su competencia.

Igual les ha acusado utilizar a estas trabajadoras con fines electoralista y les ha echado en cara que «ilusionen a la gente llevándola por la dirección equivocada».

«Aquí no las podemos ayudar y no debemos, porque no depende de nosotros», ha remachado la alcaldesa, antes de ofrecerse a ir el despacho de Díaz Tezanos a reclamar y de afirmar que en pocas ocasiones ha visto «tanta manipulación política».