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El equipo de Gobierno del PP del Ayuntamiento de Santander, con su mayoría absoluta, ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2025, que ha rechazado toda la oposición (PSOE, Vox, PRC e IU), para la subida del 16% del precio del servicio de grúa, y ... el voto en contra de socialistas, regionalistas e IU y la abstención de Vox en la actualización del IPC -un 2,8%- para los servicios de agua y alcantarillado.
La semana pasada, Gema Igual, alcaldesa de Santander, y Javier García, concejal de Economía y Hacienda, anunciaron que el Ayuntamiento «congelaba la tasas por décimo año consecutivo». Este martes también han sido ellos los encargados de responder a los grupos de la oposición durante el Pleno extraordinario en el que se aprobó el borrador de las ordenanzas para 2025, paso previo para la elaboración del Presupuesto municipal del año que viene. Así, García defendió que estas ordenanzas buscan «el equilibrio económico-financiero» del Consistorio santanderino y que a pesar de que «la inflación ha impactado en las cuentas municipales», la capital cántabra «lleva una década sin subir impuestos y ampliando las bonificaciones».
Durante un bronco debate, el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, criticó la subida del IPC contemplada en el contrato de Aqualia, concesionaria del servicio de aguas. A su juicio, el PP «vendió» ese contrato a una empresa privada. Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Velasco, lamentó que los santanderinos «paguen religiosamente» sus impuestos pero no los vean reflejados «en servicios públicos de calidad», porque «la ciudad está sucia, las frecuencias del TUS no van bien y cuando hay cortes del suministro de agua no reciben información». Desde el PRC, María Victoria Fernández, añadió que su partido está en contra de estas ordenanzas que «son contrarias» al «mantra» del PP de que «no suben impuestos». Por último, el concejal de IU, Keruin Martínez, explicó que, pese a lo que afirma el concejal de Economía, «se están subiendo las tasas y de manera injusta porque se suben por igual a todos los santanderinos, sin ningún criterio de progresividad».
Estas ordenanzas, aprobadas en el Pleno, serán publicadas en el BOC con un plazo de 30 días de alegaciones, que deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2025.
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