Santander congela los impuestos por décimo año consecutivo, excepto agua y alcantarillado, que suben el IPC

El Ayuntamiento de Santander volverá a congelar los impuestos, tasas y precios públicos, por décimo año consecutivo, excepto la actualización del IPC en agua y alcantarillado, obligados por el contrato, que sufrirán una subida del 2,8%. Así lo anunciaron este lunes la alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Economía y Hacienda, Javier García, durante la presentación del borrador de las ordenanzas fiscales para 2025. La tasa que sí será modificada es la del servicio de grúa, que renovó su contrato el pasado julio por un importe mayor, por lo que los conductores que aparquen de forma incorrecta o en lugares no habilitados deberán pagar casi 30 euros más por recuperar su vehículo. Este es el primer paso que da el equipo de gobierno (PP) para la elaboración del Presupuesto municipal del año que viene.

Igual detalló que se mantienen las exenciones, gratuidades y bonificaciones existentes y que la ciudad tiene el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) «más barato; no lo podemos bajar más porque es el más reducido legalmente». En este sentido, recordó que el Ayuntamiento aplica el 0,40%, lo que representa el mínimo que permite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que «es el mínimo histórico en Santander y la sitúa como la capital de provincia con el tipo impositivo más bajo de España». A juicio de la alcaldesa, estas medidas responden al «esfuerzo» que hace el Consistorio para no repercutir a los santanderinos el coste derivado de la inflación. «En vez de aumentar la presión fiscal a unos ciudadanos que han visto cómo se ha incrementado un 20% el coste de la vida desde 2018 y un 30% la cesta de la compra en los últimos años, desde el Ayuntamiento tenemos el firme propósito de no erosionar más su poder adquisitivo», añadió.

La tasa que sí se modificará el año que viene es la del servicio de grúa municipal, que renovó su contrato el pasado julio –ganó de nuevo el concurso la empresa Setex Aparki– por 4,5 millones durante los próximos tres años. Se trata de una actividad «esencial en la movilidad y seguridad del tráfico de la ciudad, y que no ha sido ajena al incremento de precios de los últimos años». Es por eso que desde el equipo de gobierno realizaron un estudio de tarifas del mercado, que reveló que los precios actuales en Santander «están muy por debajo de la media del resto de ciudades». Atendiendo a esas conclusiones, han revisado los precios, que no se han modificado desde 2014. Además, Igual explicó que este es uno de los servicios deficitarios, por lo que entiende que «no todos los santanderinos tienen que pagar el agujero que deja, es decir, que lo haga solo quien infringe la ley». Aunque la multa por estacionar mal el coche se mantiene, sí que asciende el dinero que hay que pagar por recuperar el vehículo del depósito. En total, serán 197 euros a partir del año que viene. Cabe destacar que la grúa retiró el año pasado una media de 6.000 vehículos de las calles de la ciudad.

Entre las cifras que enumeró la alcaldesa también están las que explican lo que suponen estas medidas. Así, no actualizar el IPC en el resto de tasas supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar 2,8 millones de euros, y mantener las bonificaciones, exenciones y gratuidades, 9,7 millones, lo que suma 12,5 millones. Este dinero, según añadió Igual, «se quedará en los bolsillos de los ciudadanos, y contribuirá a fomentar el crecimiento económico de familias y empresas, y no detraerles recursos para destinar a consumo o inversión». Para «paliar» el incremento del alcantarillado y agua, actualizado al IPC por obligación del contrato, se mantendrán los tramos y las bonificaciones para «reducir las facturas a las familias». Según detalló, se aplicarán bonificaciones que consisten en la reducción en un 95% a los desempleados y a familias numerosas y monoparentales, así como un 95% a rentas inferiores a 1,5 Iprem –baremo que establece el Gobierno de España para la concesión de ayudas sociales– y un 50% a familias que se encuentren en el tramo entre 1,5 y 2,5 Iprem.

En el detalle de lo que supone esta subida para los santanderinos, Igual recordó que, en la ordenanza municipal, existen dos tipos de tarifas, doméstica y no doméstica, y dentro de cada una se factura por bloques, de manera que se paga por lo que se consume.

Estas ordenanzas, aprobadas en la Junta de Gobierno Local, aún no son definitivas. Ahora, el resto de grupos municipales tienen hasta el próximo Pleno –a finales de este mes–para analizar el documento que les presentará el equipo de gobierno del PP en los próximos días. En este punto, la alcaldesa explicó que están «abiertos» a las propuestas de la oposición. Así, en la sesión plenaria se debatirá su aprobación inicial y, tras salir adelante seguro gracias a la mayoría absoluta del PP, el documento se publicará en el BOC con un plazo de 30 días de alegaciones, que deberán ser examinadas y resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al Pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2025.

Igual también abordó otros temas de actualidad a preguntas de los medios de comunicación. Se refirió al aparcamiento de El Sardinero –financiado con fondos europeos– y explicó que el Ayuntamiento no ha recibido aún noticias de las alegaciones que presentó al Ministerio de Transportes tras recibir una comunicación en la que Madrid les advertía de que podían perder la subvención de 2,4 millones si no retomaban el proyecto original de construir el parking subterráneo, y no en superficie como anunciaron después.