Santander ha construido 1.204 viviendas protegidas desde 2006 y tiene proyectadas otras 368

Estas promociones están repartidas por las zonas por donde se expande la ciudad: hay cuatro en el Primero de Mayo, otras cuatro en La Cavaduca, dos en Peñacastillo, una en San Román y otra en Nueva Montaña. Más céntrica es la que está a punto de concluir sus obras junto al Parlamento cántabro. En total, suman una inversión superior a los 130 millones de euros. En cuanto al régimen de estas VPO, 845 son de venta, 315 de alquiler con opción a compra, 30 en alquiler para menores de 35 años, 12 cedidas a alquiler social y dos cedidas a entidades del tercer sector.

Como apunta el concejal de Fomento y Vivienda, César Díaz, el precio medio de la vivienda libre en Santander es de 2.200 euros por metro cuadrado construido, mientras que el de la vivienda protegida promovida desde el Ayuntamiento es de 1.040 euros por metro cuadrado. Si la comparación se lleva al régimen de alquiler, el precio medio en la capital cántabra es de 8,5 euros el metro cuadrado al mes, mientras que el alquiler de la vivienda protegida es de 4 euros. «Esto se traduce en que el precio medio de las 845 viviendas en venta, incluido garaje y trastero, es de 104.984 euros más IVA».

En cuanto a las VPO en alquiler para jóvenes, también con garaje y trastero, el coste es de 120 euros al mes para los menores de 30 años y 240 para los beneficiarios entre 30 y 35 años. Por último, el alquiler mensual medio de las 315 viviendas de alquiler con opción a compra es de 400 euros. Díaz recalca, respecto al alquiler con opción a compra, que el 80% de las rentas mensuales abonadas durante los diez años que dura el periodo de alquiler se descuenta a la hora de ejercer la compra. «Y el precio de venta a los diez años no aumenta con respecto al que tendría la vivienda en el año cero», puntualiza.

Otra medida que destaca es el fomento de la natalidad en relación directa con el alquiler de una VPO. «Descontamos cien euros en la renta mensual cada vez que aumenta la familia con un nuevo hijo. Hasta ahora, han nacido un total de 27 bebés».

La construcción de las VPO va más allá de los edificios. «También permite mejorar el entorno y la trama urbana de los lugares donde se han construido los inmuebles, como ha sucedido en La Cavaduca, en General Dávila-Prado San Roque, en Foramontanos (San Román) o en la parcela de Tabacalera de la calle Alta».

En cuanto a las futuras VPO de Santander, Díaz señala la parcela de la antigua prisión provincial de la calle Alta, a apenas 500 metros de la promoción que está a punto de concluirse. Aunque se estima que contará con 55 viviendas y a pesar de que el Ayuntamiento lleva años trabajando en este proyecto, aún se desconoce cuándo empezarán estas obras y, por el momento, sigue en funcionamiento el aparcamiento público que se construyó hace más de diez años, tras la demolición de la antigua prisión.

Más avanzada está la promoción prevista para la ampliación de El Alisal. Desde la Concejalía de Vivienda ya se han adjudicado los proyectos de estos edificios, un total de seis, con el objetivo de poder licitar su construcción este mismo otoño y que, en el plazo de un año, arranquen las obras, que se dilatarán otros 24 meses.

Sumando todo, la intención es que los residentes puedan trasladarse a estos pisos en 2026. Las obras de urbanización del entorno de los edificios arrancaron a mediados de febrero y también se adjudicaron los proyectos básicos, de construcción y dirección de obras para los seis edificios que albergarán las nuevas VPO, divididos en seis lotes. El plazo para la redacción del proyecto básico es de ocho semanas desde la firma del contrato y el de ejecución, de 16 semanas desde que se apruebe ese documento básico.

Estos proyectos se basarán en unas propuestas ya definidas por el Ayuntamiento, aunque pueden sufrir alguna modificación a medida que se redacten. Como recalca Díaz, para elegir a las adjudicatarias se ha primado la calidad de la propuesta arquitectónica y también la eficiencia energética. De hecho, lo que menos puntos daba en el concurso público era la propuesta económica, con 20 puntos sobre los 100 totales. Todas las propuestas, indica el concejal, se desarrollarán con la utilización «de los sistemas constructivos más actuales y primer nivel de calidad, contemplando no solo el más estricto cumplimiento de las normativas vigentes sino superando ampliamente los estándares mínimos».