Santander cuenta con una treintena de gasolineras, una por cada 6.000 habitantes

El Consistorio santanderino también ha sido consciente de la concentración de estaciones de servicio en la ciudad y trabaja en ponerle coto, aunque, por el momento, solo en las zonas residenciales. La modificación del PGOU se encuentra en camino de ser definitiva tras ser aprobada inicialmente este jueves por los grupos municipales. Así, consistirá en regular los usos, necesidades y condicionantes a la hora de instalar nuevas estaciones de servicio.

Esta normativa permitirá «dificultar» la apertura de estaciones de servicio en las zonas residenciales de Santander. Quien quiera abrir una nueva gasolinera en zona residencial lo tendrá muy complicado ya que primero deberá adquirir no solo el solar que ocupe la gasolinera, sino toda la manzana, abrir de forma anexa un establecimiento comercial y colocarse al menos a 50 metros de viviendas y a 100 metros de lugares sensibles como colegios, institutos o centros de salud, lo que incrementará notablemente los costes de adquisición.

Desde Ciudadanos, grupo impulsor de la medida, explican que estos condicionantes ya lo «hacen muy difícil, primero por el tema económico y también por cuadrar la construcción en cómo está hecha la ciudad». El partido señala que «preocupa» que se instalen en zonas residenciales, cuyo cometido final es que «la gente viva» y son lugares donde debe haber establecimientos «como supermercados y otras dotaciones», pero no gasolineras porque, además, consideran que «no hace falta abrir más».

Por el momento, la protección municipal afectará a las construcciones en zonas residenciales y no entra a regular las de usos productivos. Además, los efectos ya se han visto en los últimos dos años, el tiempo que lleva la modificación encima de la mesa y el mismo que el Consistorio ha suspendido el otorgamiento de nuevas licencias de apertura y actividad a gasolineras enclavadas en zonas urbanas. Estos dos años son el tiempo esperando a su aprobación definitiva, que se espera que sea en los próximos dos o tres meses. En principio, saldrá adelante sin dificultades, ya que en el Pleno de este jueves ya obtuvieron el apoyo de todos los grupos municipales excepto Vox.

Otro cantar son las zonas productivas, que deberán esperar a una legislación propia y que afectaría a casos similares al del IES Cantabria, centro educativo de El Alisal que se rebeló ante la apertura de una estación de servicio en el solar anejo al suyo. Este instituto se encuentra enclavado en una zona productiva y la protección no llega. Aunque sí preocupan las zonas productivas que colindan con otras residenciales y es necesario «poner limitaciones y distancias» a nuevas aperturas, la normativa relativa a este tipo de áreas tardará en modificarse un par de años.