Santander expedienta a la empresa de Jardines por «incumplir» el contrato

La Junta de Gobierno Local no solo aprobó la apertura del expediente, también el nombramiento de un responsable del contrato de servicios suscrito con Légamo. Es decir, la persona que supervisa que se cumple ese acuerdo. Aunque, según fuentes municipales, es coincidencia que este nombramiento se produzca justo cuando se dan a conocer esas infracciones. «La persona que ocupaba ese cargo ha cesado de forma interina y ha vuelto el titular», informan fuentes municipales.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, fue la encargada de explicar el inicio de este «trámite administrativo» que parte de su departamento y que es el resultado de «incumplimientos parciales o defectuosos» de las condiciones técnicas establecidas en el contrato, «detectadas durante los primeros meses de la prestación del servicio». Según explicó Rojo, el Ayuntamiento da este paso atendiendo a lo establecido en los pliegos. Así, el informe detalla cada uno de los incumplimientos detectados por el responsable del contrato, con la indicación de las cláusulas del acuerdo incumplidas y las penalidades que procede imponer para los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso y demora.

Por eso, desde Medio Ambiente «están adoptando todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad». En este sentido, la concejala alabó la actuación de su equipo. «Este expediente es un ejemplo de la firmeza que mantiene el equipo de gobierno en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la administración local».

Por su parte, Igual reconoció que «suele ser habitual que las empresas nuevas no tengan todos los medios, sobre todo los técnicos, desde el primer momento, porque hasta que no ganan un concurso o licitación no los contratan y adquieren». Aun así, insistió en que la «obligación» del Ayuntamiento es «no pagar por lo que no se ha disfrutado y no puede haber en este sentido casos diferentes, sino que tienen que ser todos iguales», concluyó la regidora.

La gestión de Parques y Jardines ya ha estado rodeada de polémica en más ocasiones, especialmente desde que la adjudicataria saliente, la UTE Urbaser-Contratas Piñera, terminara su contrato en 2018. Desde ese momento, lo tuvo prorrogado tras la suspensión del anterior proceso de adjudicación, marcado por los problemas y conflictos internos. Tales fueron las desavenencias que el conflicto llegó a los tribunales. De hecho, hace un año condenaron al Ayuntamiento a devolver más de 2,2 millones de euros (más los intereses) a la anterior concesionaria del servicio. Un dinero que el Consistorio había detraído por supuestos incumplimientos en el contrato referentes a las mejoras, personal y compra de maquinaria. Uno de los factores que tuvo en cuenta el juez para declarar nulas las sanciones que impuso el Ayuntamiento a la empresa es que estas se produjeron con el contrato ya vencido.