Santander limita la instalación de gasolineras en zonas residenciales

Así, el Pleno ha aprobado de forma definitiva la modificación puntual que regula la presencia de gasolineras en zonas residenciales. En concreto, limita su instalación en suelo residencial «hasta el límite que marca la ley nacional de hidrocarburos» y que solo permite su construcción como uso accesorio de un uso comercial –si lo hubiera– y siempre que cumpla las siguientes condiciones: que esté en una parcela que albergue edificios de uso exclusivo comercial con una superficie mayor a 250 metros cuadrados, que la gasolinera no utilice más del 40% de la superficie de la parcela, que las bocas de carga guarden una separación mínima de 50 metros a cualquier suelo calificado con uso residencial y un mínimo de 100 metros a equipamientos educativos, sanitarios, asistenciales y a zonas de juego infantil y que su implantación no altere la urbanización de la calle. Además, no podrá ponerse en funcionamiento antes de que el edificio comercial anexo no esté terminado y en uso.

En el debate, el PSOE criticó que la modificación es «completamente insuficiente porque permitirá la instalación de gasolineras como las que se han autorizado a la puerta de colegios y viviendas» y afirmó que la ley de Garantía Unidad de Mercado «permite limitar las actividades haciendo uso de la competencia de ordenación de los usos del suelo por razones imperiosas de interés general, como la salud pública». Sin embargo, como el nuevo régimen de distancias puede excluir a alguna gasolinera concreta que había solicitado licencia en suelo residencial –hay nueve solicitudes de instalación actualmente–, «con una sola que se evite, por responsabilidad, tenemos la obligación de apoyar la modificación», indicó el portavoz socialista, Daniel Fernández.

Aunque Vox argumentó en la misma línea, considerando que la iniciativa «se queda muy corta», no apoyó la propuesta y se decantó por la abstención porque a su juicio «es un error y no se arregla nada al limitar la instalación en suelos residenciales. En su opinión, debería hacerse «en cualquier suelo, pues la distancia de seguridad debería considerarse en relación con las personas y lugares especialmente vulnerables –colegios, centros sanitarios...– y no pensando en la calificación del suelo». Los grupos rechazaron una enmienda de Vox en este sentido, «improcedente» a juicio del PP, y también «presentada fuera de plazo», como apuntó la alcaldesa Gema Igual.

Ante las críticas hacia la modificación por quedarse «corta», Ceruti apuntó que la semana que viene se iniciará la tramitación de otra modificación puntual para limitar también la instalación de gasolineras en suelos productivos. De momento, su instalación está permitida con carácter general en las zonas con uso productivo (industrial, mixto y empresarial-comercial) siempre que cumplan las condiciones de edificabilidad, ocupación y retranqueo de la ordenanza.

También el popular César Díaz dedicó unas palabras a los grupos de la oposición, asegurando que su postura es «fácil» y recriminando sus posicionamientos: «Es venir aquí, decir y contar lo que se quiera, rozar cuestiones que no son insultos pero sí insinuaciones... Y sin sacar ni un papel. Dicen que podíamos haber hecho cualquier cosa, que no lo hacemos porque no queremos, que vamos a la cama con una sonrisa porque se instala una gasolinera al lado de un colegio».

El Pleno aprobó la moción del PSOE para realizar un estudio sobre las necesidades de instalación de mobiliario urbano. De este modo, la Concejalía de Obras deberá realizar un estudio, en el plazo de tres meses, sobre las necesidades de instalación de sillas, bancos, papeleras, bancos inclusivos y bancos cubiertos para las zonas soleadas, así como fuentes de agua, con la colaboración de las asociaciones de vecinos y del Consejo de Personas Mayores; y abrir la consulta a los vecinos a través de la web municipal.

No ha prosperado la moción regionalista para construir un aparcamiento en altura removible en la calle Alta número 95, en el solar de la antigua Prisión Provincial. La votación recibió 13 votos en contra (PP y Cs), ocho abstenciones (PSOE y UxS) y seis a favor (PRC y Vox). Las críticas se centraron en el alto coste –de más de dos millones de euros, según el PP– para un aparcamiento provisional, teniendo en cuenta que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, propietaria del terreno, ya está trabajando en el proyecto de urbanización y compensación de la zona.

Luz verde a la moción de Unidas por Santander (UxS) para mejorar la seguridad en el Cementerio de Ciriego, en el área donde se ubica el memorial por los republicanos fusilados vandalizado recientemente, con los votos a favor del PSOE, PRC, Cs y UxS. Todos los grupos han condenado los actos sucedidos y el PP ha informado de que ya se han instalado cinco cámaras de vigilancia en todo el cementerio y se ampliarán en función de la disposición presupuestaria. La moción también pide la inclusión del espacio en el Inventario de lugares de memoria democrática de Cantabria.