Santander marchará bajo una pancarta y dos manifiestos

Nieves Gutiérrez, portavoz de Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, una plataforma alineada con los postulados de Podemos, reconoce estas diferencias, pero considera que «no hay nada insalvable». «Existen tendencias y diversas visiones legítimas, pero nos une la lucha contra el patriarcado», señala.

Desde la Comisión 8M, el conglomerado que aúna las organizaciones feministas de la región, minimizan la importancia de estas diferencias. «No opinamos lo mismo en algunos temas, pero vamos juntas y así esperamos seguir yendo. Nos avalan 23 años de trabajo unitario», destaca Ana Bolado.

La última brecha la ha abierto la ley del 'sólo sí es sí'. Mientras el feminismo clásico está en contra por causar la rebaja de penas a centenares de agresores sexuales, las organizaciones más cercanas a Podemos defienden el texto impulsado desde el Ministerio de Igualdad. Precisamente ayer, PSOE y Podemos votaron divididos en el Congreso la reforma legislativa para enmendar la normativa.

La realidad es que más de 700 condenados por delitos sexuales se han visto ya beneficiados por el nuevo marco de penas. La cifra supone el 17,5% de los más de 4.000 delincuentes sexuales que hay en las cárceles españolas. Además, desde que entró en vigor la reforma del Código Penal, en octubre, se ha ordenado la excarcelación de al menos medio centenar de presos. En Cantabria, siete agresores sexuales se han visto beneficiados por la normativa actual desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que trascendió la primera rebaja que supuso la excarcelación de un condenado por manosear a una mujer al reducir su pena de prisión de cinco a dos años.

«Esta legislación pone en el centro el consentimiento, que es una prioridad para nosotras. Más años de cárcel no nos van a quitar la violencia, debe ser algo educacional», explican desde las Asambleas Feministas.

Sin embargo, para Cambera, una asociación que surgió para dar voz a las feministas abolicionistas, el problema reside, precisamente, en que la ley se olvida de que el consentimiento «puede estar viciado».

Ana Bolado, por su lado, considera evidente que la ley tiene unos «problemas de acomodo» al haber unificado dos tipos de delito: el acoso y la agresión. «A quien le duele la rebaja de penas es, evidentemente, a la víctima. Pero lo que nos preocupa, más allá de si salen un año antes o un año después de la cárcel, es que los maltratadores sepan que la sociedad no les va a consentir que reincidan», subraya Bolado, que denuncia el intento de la extrema derecha de «apropiarse de esta situación».

Otra de las principales desavenencias radica entre el feminismo clásico y el que hace suyas las teorías 'queer', donde se comprenden el sexo, el género y la orientación sexual como algo variable que se puede elegir a discreción. Mientras las segundas creen en la autodeterminación de género, las primeras creen que esto implica el borrado de las mujeres. En definitiva, consideran que facilitar el cambio registral del sexo sin condiciones biológicas hace que los hombres puedan invadir el espacio de las mujeres y todos sus logros hasta la fecha.

«Las mujeres son mujeres porque desean, sienten y quieren serlo», resume Gutiérrez su postura. Para las feministas cántabras de Cambera, por su lado, la Ley Trans «utiliza indistintamente sexo y género, y la autodeterminación elimina las herramientas que nos permiten erradicar la desigualdad estructural y la opresión». De hecho, la nueva normativa permite que los mayores de 16 años puedan cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más requisitos que la declaración expresa de la persona, sin necesidad de informes médicos y años de hormonación, como sucedía hasta ahora.

La prostitución es otro de los puntos clave. Posiblemente no exista una sola mujer que considere que esto no sea un problema; lo que no hay consenso es en la solución. Un amplio sector del movimiento feminista, el más clásico, está a favor de abolir la prostitución y la pornografía, mientras que desde la Comisión 8M se muestran abiertas a la regulación.

«Nosotras hemos escuchado la voz de las trabajadoras sexuales. Conocemos sus demandas y la abolición completa las criminalizaría. Queremos que se las reconozca y validen sus derechos», señala Nieves Gutiérrez.

No están de acuerdo desde Cambera. «El abolicionismo de la prostitución supone señalar a los explotadores, pero también ofrecer recursos y alternativas reales a las mujeres», reivindican.

Habrá que esperar hasta el año que viene para comprobar si Podemos sigue al frente del Ministerio de Igualdad –hay previstas elecciones a final de año–, si se modifican las normativas que han creado más divisiones –al margen de la del 'sólo sí es sí', cuya reforma aprobó ayer el Congreso– y si el movimiento feminista acerca sus posturas.