Luz verde al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander

La creación del nuevo juzgado en la capital forma parte de un acuerdo que incluye 75 nuevas unidades judiciales en toda España

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Cantabria, el objetivo de estas medidas es «atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos».

Además del decreto de creación de los juzgados se ha aprobado otro por el que se crean 22 nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados distribuidas en las comunidades autónomas, ninguna para Cantabria, «para reforzar la protección de los derechos de la ciudadanía».

En cuanto a los 53 juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, entre ellos el de Cantabria; ocho de primera instancia e instrucción, seis de lo penal, once juzgados de lo social, cuatro juzgados de lo mercantil y un juzgado decano exclusivo. Además, se procede a la constitución de dos juzgados en la Comunidad Valenciana que habían sido suspendidos en 2011.

La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este Real Decreto será fijada por la ministra de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.

El otro Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas.

En esta modificación de plantilla destaca, según Delegación del Gobierno, el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, se adecúa la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar.

Este refuerzo trata, según Delegación, «de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales«.

También, se crea una plaza de fiscal de sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.

Por otro lado, se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo, lo que determina que se trata de necesidades estructurales y no meramente coyunturales.