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Ángela Casado y E. Press
Santander
Jueves, 24 de febrero 2022
La Horadada sigue teniendo pulso. A pesar de que su demolición arrancó a finales de noviembre y todo hacía indicar que su presencia en la playa de Los Peligros tenía los días contados, la parálisis de su desmantelamiento dio esperanzas a quienes se decantaban ... por darle una segunda vida. Ahora, el Ayuntamiento también apoya la idea de salvar el inmueble, protegido por el Plan de Protección de El Sardinero, y por eso aprobó en el Pleno una moción del PRC con una transacción del PP para urgir a la Demarcación de Costas que el dinero que pensaba destinar al derribo lo dedique a la rehabilitación y que redacte un estudio de viabilidad técnico-económico para determinar qué usos podrán desarrollarse en el edificio una vez se restaure.
La intención de los regionalistas es destinarla a algún deporte acuático mientras que los populares se decantan por abrir las opciones también al uso hostelero. De todos modos, dejan la decisión en ese informe de viabilidad que requieren a Costas. A los 'síes' de estos dos partidos se sumó el de Cs, mientras que el PSOE, UxS y Vox se abstuvieron.
El portavoz del PP, César Díaz, explicó por qué el edificio no puede derribarse, más allá de las preferencias de cada grupo. Además de que no se pidió licencia de obra para llevar a cabo el desmantelamiento –Costas sólo presentó una solicitud para sacar el escombro–, La Horadada está localizada dentro del espacio protegido por el Plan Especial de El Sardinero. Esto quiere decir que los inmuebles que abarca no se pueden demoler, a no ser que estén en ruina y sea para reconstruirlos. Así, esta protección sólo permite restaurar el inmueble. Por su parte, el portavoz de Cs, Javier Ceruti, consideró que «lo que abunda no daña» y que, aunque actualmente no parezca que tiene valor, «es obra de un arquitecto destacado», Juan José Resines. «Habría una mirada mucho más cariñosa si estuviera en buen estado de conservación», añadió.
Ante las palabras que piden esa segunda oportunidad para La Horadada, surgen voces que consideran que no merece la pena. El portavoz socialista, Daniel Fernández, reconoció con ironía que «no pensábamos que tenía tanto tirón, nunca nadie se ha manifestado por ese edificio que lleva más de diez años abandonado». Además, culpa al equipo de gobierno de la parálisis de su demolición: «El Ayuntamiento jamás comunicó que el edificio estaba protegido. Si de verdad queremos que siga en pie, que el Ayuntamiento pague concesión y se haga cargo de los arreglos».
Desde UxS, Miguel Saro entiende que el edificio «no tiene valor arquitectónico» o que, si algún día lo tuvo, «lo perdió». De todos modos, se abstuvo porque consideró oportuno estudiar la posibilidad de volver a darle uso, aunque teniendo claro cuál. Y para Guillermo Pérez-Cosío, de Vox, La Horadada es una «cochambre» y aseguró no comprender cuál es el «síndrome de Diógenes constructivo en esta ciudad». También lamentó que «en ningún sitio, en medio de ninguna playa» ha visto un edificio así sobre la arena, y menos en Santander, «considerada una de las bahías más bonitas del mundo». A pesar de las críticas, se decantó también por la abstención.
Recordar que El Diario Montañés preguntó a sus lectores y a expertos sobre sus preferencias de uso futuro del antiguo club náutico ubicado en la playa de La Magdalena. Los último apuntaron básicamente a la conveniencia de que el inmueble se arregle para que los bañistas tengan buenos servicios a mano, y ampliaban estas opciones a una escuela deportiva, un albergue, o servicios de hostelería vinculados al uso como un balnerario clásico
A la consulta de este periódico contestaron 1.266 personas y, con gran claridad, los votantes se decantaron por que el inmueble, ahora en ruina, se transformase en un balneario clásico, con hostelería y otros servicios para los usuarios del arenal.
En la sesión del pleno de la mañana tambien se acordó la ampliación del convenio de cesión de la finca de la Remonta. No tuvo ningún voto en contra a pesar de la insistente advertencia de Ciudadanos de que esta addenda es «poner una soga al cuello» del Ayuntamiento porque debilita su posición en la negociación que aun esta abierta con el Ministerio de Defensa . Cs, por tanto se absutivo junto a Vox y PSOE, mientras que el resto de formaciones votaron a favor de prorrogar por cinco años, desde que se firme la adenada, el convenio suscrito en 2015 para la concesión demanial vigente sobre parte de la finca -95.000 metros cuadrados- y ampliarla a toda la superficie -alrredor de 285.000 metros cuadrados-. Una ampliación, defienden, que permita continuar las conversaciones para acordar la transmisión definitiva de la propiedad «de manera asumible» para ambas partes, Ayuntamiento y Ministerio.
Mientras para populares y regionalistas es el momento y se puede dar «pasos adelante» para liberar el terreno al uso público porque «La Remonta tendría que estar ya en manos del Ayuntamiento para el disfrute de los santanderinos», para el portavoz de Cs y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), encargado de negociar con el de Defensa, aprobar la moción supone «empeorar la posición negociadora del Ayuntamiento».
Una negociación que «no es fácil» pero en la que se han producido avances y «aproximaciones», por lo que esta moción «debilita al Ayuntamiento» por el riesgo de un procedimiento expropiatorio y que el precio no sea el mínimo legal en términos técnicos que plantea el Consistorio -4,5 millones-.
En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento está negociando con el mínimo precio posible de la valoración técnica «y hemos conseguido no movernos del precio inicial», con lo que la negociación «no está yendo mal».
Sin embargo, si se firma el acuerdo, el edificio existente en la finca, deteriorado y que ha llegado a estar okupado, la responsabilidad sería municipal, con lo que «quitaríamos el problema» a Defensa y se perdería «esa baza de negociación», lo que debilitaría la postura municipal «de manera extrema», ha explicado. Además, Ceruti ha advertido que se perdería «otra baza», la del aplazamiento del pago a diez años, además de la libertad de aceptar el precio, que podría determinar una junta expropiatoria y decirse en los tribunales.
Por eso, para el concejal, el acuerdo plenario es «una soga al cuello y machaca la posición negociadora del Ayuntamiento. Estamos tirando piedras contra nuestro tejado», ha afirmado.
El portavoz del PP, César Díaz, ha dicho que no ve «inconveniente» en ratificar la adenda porque automáticamente el Ministerio cederá al Ayuntamiento la totalidad de la finca, que ya se podría abrir al uso público, y mientras se abriría un plazo de cinco años para negociar el precio con Defensa.
También ha defendido la necesidad de que el plan general contemple un parque de uso público en la finca, así como que su cesión gratuita es cuestión de «voluntad política» porque hay que desafectar la parcela para que pase de ser un bien demanial a patrimonial y entonces sí se podría ceder gratis. «Una cosa es que el Ministerio no quiera (cederla gratuitamente) y otra que no pueda», ha subrayado.
Mientras el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, promotor de la moción, no ha querido entrar en la capacidad negociadora del Ayuntamiento y ha insistido en que el PRC quiere que la cesión «se convierta en realidad». «Que la negociación esquilme la posibilidad de disfrute para Santander me parece lamentable», ha declarado.
Para el regionalista, «no tiene misterio: La Remonta tendría que estar ya en manos del Ayuntamiento para el disfrute de los santanderinos».
Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, también ha considerado que ya existe una negociación abierta con el Ministerio y la moción «puede complicarla», al tiempo que ha asegurado que el Ministerio «no puede» ceder gratuitamente la finca, como ya ha advertido.
Para Fernández, ningún asunto «nunca ha merecido tanto un acuerdo», por lo que ha pedido al Ayuntamiento que «haga lo que tenga que hacer» para que la ciudad disfrute de un gran parque.
Mientras, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha insistido en su postura de una concesión de toda la finca a largo plazo «50-99 años» para «no esquilmar los recursos municipales»; y el de UxS, Miguel Saro, se ha mostrado favorable a la moción pero ha recordado que la cesión gratuita depende del Ministerio.
Por otra parte, se ha aprobado la moción del Grupo Socialista, con transaccionales de PP y UxS, para la construcción de aparcamiento disuasorio en La Marga. En la misma se insta a la alcaldesa y al equipo de Gobierno PP-Cs, así como al presidente de la Autoridad Portuaria y al Gobierno de Cantabria a cumplir el acuerdo plenario de 2018 y el Plan de Movilidad Sostenible de Santander y a defender que se agilicen los trámites necesarios para que se construya el aparcamiento disuario.
Una moción que solo ha contado con el voto en contra de Vox, para quien «los parking disuasorios no resuelven nada», y la abstención de PRC.
También ha salido adelante la moción socialista, con todos los votos a favor excepto el PP, para impulsar, a través de una mesa de trabajo, una ordenanza de vehículos de movilidad personal. El portavoz del PSOE ha instado al equipo de Gobierno a que «haga cumplir la norma», y ha recordado que solo se han emitido cuatro sanciones firmes a patinetes que circulaban de forma temeraria. «Tenemos que poner en orden en una ciudad que parece el Lejano Oeste», ha dicho.
Saro se ha mostrado partidario de sancionar el mal uso del patinete y de refundir todas las normas de movilidad en un solo texto; y Fuentes-Pila ha coincidido en la importancia de ordenar y regular «de forma inmediata» estas formas de movilidad.
El PP ha votado en contra por razones «de forma» y más que fondo, pues ha sido objeto de varias iniciativas plenarias -que el PSOE ha reprochado que no se cumplen-, además de porque hasta hora la Dirección General de Tráfico no había modificado el reglamento y no había seguridad jurídica en la que apoyarse el Ayuntamiento, que asimismo tiene competencias «limitadas», relativas a «cuestiones menores».
Además, Díaz ha anunciado que el Consistorio ya tiene un borrador de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que todos los grupos han expresado su interés en conocer.
Durante la tarde se han debatido dos mociones que quedaron pendientes en el Pleno ordinario celebrado esta mañana. Por unanimidad se ha acordado que el equipo de Gobierno presente en comisión el proyecto de mejora de los Jardines de Piquío y detalle en qué consistirán las obras.
Esta moción ha sido impulsada por Vox, que ha mostrado su «desconfianza» y quiere evitar «que vuelvan a cometerse errores» con el patrimonio de la ciudad. Todos los grupos lo han apoyado, señalando los de la oposición su «preocupación» por el «ninguneo» del equipo de Gobierno al patrimonio de la ciudad en otras actuaciones anteriores y la «opacidad» respecto a algunos proyectos.
Además, han remarcado la importancia de que los concejales conozcan las obras que se llevan a cabo en lugares «tan especiales» y «emblemáticos» como éste. Al hilo, han considerado necesario reparar la zona de El Sardinero, con varios elementos «deteriorados» que conforman «la imagen que se llevan los turistas».
Por su parte, el concejal de Fomento, César Díaz, ha dicho que no tiene «ningún inconveniente» en llevar el proyecto de los Jardines de Piquío a comisión para darlo a conocer y ha criticado que la oposición acuse al PP de «hormigonazo» ya «como tópico», creando «dudas y sospechas infundadas».
La otra moción que se ha debatido era de Unidas x Santander, que pedía reclamar al Estado la cesión de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB) a los ayuntamientos y poder crear así un parque de vivienda social en régimen de alquiler en Santander. Ésta no ha salido adelante al contar solo con el apoyo del PRC y la abstención del resto de partidos salvo Cs, que ha votado en contra.
En general, no han apoyado la iniciativa cuestionando que UxS lleve al Ayuntamiento una moción para reclamar algo al Gobierno central, del que forma parte su partido. «Están proponiendo instarse a ellos mismos», han ironizado los 'populares', considerando que la formaicón ha «teatralizado» ese «toma y daca» que tienen PSOE y Podemos en el Ejecutivo en el ámbito de la vivienda.
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