El Ayuntamiento pone en duda la oferta económica de ACS en el contrato de Parques y Jardines

Hoy mismo, los trabajadores de Parques y Jardines de Santander han anunciado que impugnarán la adjudicación de este servicio si el contrato se concreta y la oferta se mantiene en los términos actuales.

La última respuesta del Ayuntamiento de Santander ha llegado en forma de acuerdo de la mesa de contratación «a la luz de las opiniones dadas por la Intervención municipal y el Servicio Jurídico». Se pedirá una nueva opinión. La Administración local cree que el órgano consultivo puede aportar «mayores garantías a la hora de tomar una decisión».

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, el análisis hecho por la Intervención municipal sobre la oferta económica de la UTE Imesapi-Copsesa-La Encina -la mejor valorada en el procedimiento- concluye que el coste actual de plantilla queda cubierto. No obstante, la Intervención aprecia «un margen estrecho para cubrir el resto de costes del contrato» y, por ello, solicitó informe al Servicio Jurídico que también ha concluido que sí se cubren los costes laborales y medioambientales, y que no hay motivos de baja desproporcionada, por lo que cree que «si es la mejor valorada, debería proponerse la adjudicación».

Sin embargo, entiende que en este caso concurren «circunstancias de gran singularidad que no quedan suficientemente aclaradas en el ordenamiento jurídico, lo que aconseja acudir a la Junta Consultiva para que aclare varios extremos».

El Ayuntamiento de Santander pedirá a este órgano que aclare si el cálculo de los costes laborales y medioambientales debe hacerse tomando únicamente como referencia el año de partida o debería extrapolarse a toda la duración del contrato, incluidas las posibles prórrogas, ya que no existe cláusula de revisión de precios.

En caso de ser necesaria esa extrapolación, se solicitará a la Junta Consultiva que indique qué criterio o variable se debería aplicar, ya sean los costes derivados de la aplicación del convenio colectivo o estimaciones obtenidas a partir de otros índices de referencia.

En tercer lugar, también se consultará qué pasos habrá que seguir si, como resultado de esos cálculos, los costes superaran el importe de la oferta presentada, es decir, si se podría excluir automáticamente al licitador o debería dársele trámite de audiencia para justificar, en su caso, si puede cumplir el contrato.

Por último, se preguntará a la Junta Consultiva si, en el supuesto de que los costes laborales y ambientales quedaran cubiertos también en todo el periodo de vigencia del contrato, pero el margen restante fuera estrecho, la mesa de contratación tiene potestad para requerir al licitador que justifique la viabilidad de la oferta puesto que el ordenamiento no obliga al licitador a realizar dicha justificación.

En definitiva, según ha señalado Quirós, se trata de que la Junta Consultiva aporte mayores certidumbres «ante las dudas que surgen tras el análisis de la oferta económica, con el fin de que la adjudicación del contrato se realice con todas las garantías para el interés público».

El concejal de Medio Ambiente ha reiterado que «la preocupación primordial» del equipo de gobierno desde el inicio del expediente ha sido el mantenimiento de la plantilla, de sus condiciones laborales y de la calidad del servicio, respetando a la vez de manera escrupulosa el procedimiento establecido y la normativa vigente.

Por eso, y siguiendo una vez más las recomendaciones de los servicios Jurídico y de Intervención, se plantea ahora esta consulta para que la decisión que se adopte esté más motivada y fundamentada, ha concluido.