Santander pleitea contra el Gobierno por la multa de Corporaciones Locales

El Consistorio recurrió contra la resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo -a cuyo frente está el socialista Juan José Sota- por la vía administrativa. Este departamento desestimó el pasado mes de febrero el recurso de alzada e insistió en la multa, por lo que ahora el Ayuntamiento ha decidido ir a los juzgados para demandar su derecho a no pagarla: el equipo de gobierno ha mantenido desde el inicio del conflicto que no había hecho contratos «precarizando» las condiciones de trabajo de los parados, tal como denunció el citado sindicato y luego la mayor parte de la oposición política local.

Los roces por este programa han sido constantes en los últimos meses entre ambas administraciones. Al tiempo que desde el Ayuntamiento, la concejala de Economía y Hacienda (Ana González Pescador) pedía «flexibilidad» al Gobierno y «garantías jurídicas» para poder seguir poniéndolo en marcha, el Gobierno respondía que todos los municipios tienen que cumplir los requisitos de la orden reguladora de la misma manera.

Pescador siempre mantuvo que el Ayuntamiento no tiene capacidad (medios humanos, básicamente) para tramitar la incorporación de más de 200 personas al año de forma directa, que es el motivo por el que se utilizaba como intermediaria a Santurbán, empresa pública que también debe abonar una multa a las arcas regionales, también de 6.200 euros.

Sin embargo, el mismo día que el portavoz del PSOE municipal, Pedro Casares, denunció que la ciudad también había perdido los recursos de programa en 2018 -lo que significó que la capital se quedó sin repartir entre sus desempleados 2,4 millones de euros que estaban a su disposición para sacar de las listas del INEM a más de 200 personas-, la concejala anunció que Santander tiene previsto contratar a cerca de 600 desempleados de forma temporal a través de varios programas para favorecer la inserción laboral y la creación de empleo durante este año. Ana González Pescador remarcó al hacer el anuncio «la intensa actividad» municipal para fomentar la contratación a través de Corporaciones Locales, de Escuelas Taller y Talleres de Empleo y del Programa a Colectivos de Difícil Inserción. Según sus datos (de finales del mes de enero) este año habría un presupuesto de 4,7 millones de euros de este plan para Santander que facilitará la contratación de alrededor de 230 personas.

El Ayuntamiento y el Gobierno llevan enfrentados por esta cuestión desde septiembre de 2017. González Pescador, por ejemplo, ha hecho hincapié repetidamente en que no solo es Santander quien está en situación de inseguridad jurídica, pero este extremo ha sido siempre desmentido por el Ejecutivo, que apunta que ningún otro municipio cántabro tiene problemas.

Además, cuando a principios de este año, el equipo de gobierno municipal supo que la Consejería de Economía y Hacienda no había modificado la orden que regula el plan de acuerdo a sus intereses, la citada concejala difundió un comunicado expresando su «malestar y decepción», ya que el cambio introducido le obliga este año a contratar directamente y no a través de entidades que dependan de ellos, caso de Santurbán, cuyo convenio colectivo se aplicaba a todos los desempleados de forma irregular.

González Pescador reprochó a la Administración regional que no se haya sentado junto al Ayuntamiento a «buscar fórmulas que aporten mayor seguridad jurídica y permitan seguir tramitando las ayudas a través de esta entidad municipal». En su lugar, señaló que «el Gobierno ha optado por la exclusión». Esta idea no es en absoluto compartida por el director del Servicio Cántabro de Empleo (SCE) José Manuel Callejo quien dijo públicamente que este organismo considera a la administración santanderina con «sobrada capacidad para contratar».