Santander «no ha presentado» el papeleo necesario para frenar el derribo del Rema

«La Demarcación de Costas en Cantabria no ha dicho en ningún momento que el Ayuntamiento no haya pedido la paralización del derribo del edificio Rema, sino que no ha presentado ninguna documentación que permita a la administración competente estudiar la posibilidad de detener ese proceso y, de hacerlo, poder justificar legalmente el porqué de esa paralización», expresan fuentes internas de Costas. Esta Administración remarca que «no se trata de pedir paralizaciones», sino que la única manera de poder frenar la demolición consiste en iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y presentar la correspondiente solicitud de concesión para el nuevo uso que se le quiere dar al edificio. «Documentación que no se ha presentado en ningún momento».

Para reforzar su discurso y demostrar que no se ha cumplido aún con el requisito de modificar el PGOU, Costas se apoya en que«el paso que ahora anuncia el Consistorio es la adjudicación de la redacción de esa modificación». La Demarcación también asegura que desde el Ayuntamiento podrían haber solicitado la concesión del edificio incluso antes de iniciarse el proceso de licitación para su demolición (salió en el BOE a finales de febrero de 2020 y se repitió en julio de 2020 por haber estado parados los plazos administrativos por el estado de alarma), ya que la moción municipal para destinar el Rema a un centro de surf se aprobó en septiembre de 2019.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, y el director general del área, Antonio Bezanilla, anunciaron este miércoles que ya se había adjudicado la redacción de la modificación puntual del PGOU para poder cambiar el uso del edificio Rema y destinarlo a una escuela de surf. Pero esto no significa que ya esté cerca de resolverse. De aquí a que esté terminado el borrador de dicha modificación puede pasar un plazo de dos meses y, tras este paso, deberá aprobarse este cambio del PGOU en dos ocasiones: inicialmente y definitivamente. Aunque el tiempo que tarde esta operación no está definido, Bezanilla apunta a que este tipo de procesos pueden alargarse durante un año, por lo que la modificación podrá demorarse hasta 2022.