Santander tiene proyectadas algo más de 600 viviendas públicas en los próximos años

En los últimos quince años, la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS, una empresa municipal) ha puesto en marcha la construcción de catorce promociones. En total, 1.204 viviendas de protección oficial en la ciudad. Las últimas, las 66 de la calle Alta que se entregaron hace pocas semanas. De esa cifra global, algo más del 70% se ha destinado a venta (frente al precio medio de 2.200 euros por metros construido de la vivienda libre, en estas el importe medio es de 1.040 euros) y el resto, a alquiler -con una parte destinada a los menores de 35 y otra, a la fórmula del alquiler con derecho a compra-.

Eso es lo ya hecho. Lo siguiente -tiene toda la pinta si se cumplen los plazos- será lo del Alisal. La idea, según los plazos que maneja el Ayuntamiento, es que el nuevo vecindario se llene de vida en 2026. Ahora mismo, la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento ya ha adjudicado los proyectos de construcción de los edificios (seis). Luego quedará licitar la construcción y levantarlos. Y todo, mientras ya se trabaja desde el pasado febrero en la urbanización de toda la zona.

Respecto a la obra de la calle Alta, se trata de la parcela de la antigua prisión provincial (está cerca de los pisos que se han entregado hace unas semanas). Allí hay ahora mismo un aparcamiento público. Aunque es más complicado poner fecha, la tramitación urbanística previa al encargo de los proyectos de construcción, según confirman en el Consistorio, ya está hecha. O sea, que el proyecto, en los papeles, también está iniciado.

Queda la parte del Gobierno. La idea de edificar unas 250 viviendas de alquiler accesible en la parcela de El Campón (Peñacastillo) es una de las que han repetido en estos días de campaña los candidatos socialistas. Según explican desde Empleo y Políticas Sociales, son propietarios de una finca urbana de 22.000 metros cuadrados que, con el PGOU vigente, está destinada a uso industrial. O sea, que requiere una modificación del Plan. En ese sentido, la Consejería ha contratado a un equipo de arquitectura «para elaborar la documentación necesaria». «La documentación ya está enviada al Ayuntamiento para la tramitación ambiental y urbanística», indican. Con todo, la modificación, superados todos estos pasos administrativos, deberá ser aprobada en el pleno y sometida a información pública. Trámites previos.

Desde el Gobierno destacan el carácter moderno de la idea, que se enmarca en desarrollar ciudades más saludables, y en la posibilidad de contar con «bajos comerciales en uno de los edificios del conjunto, así como la existencia de una primera planta de este mismo edificio destinada a posibles espacios para el trabajo colaborativo o de oficinas de profesionales que dispongan así de su propio lugar de trabajo en el nuevo entorno». En todo caso, «los parámetros de la actuación están todavía en análisis para garantizar la plena viabilidad económica de un desarrollo de promoción pública». Para la construcción de las viviendas -indican en la Consejería-, «se impulsa la fórmula de la colaboración público-privada contando con los fondos europeos que, para Cantabria, está establecido sean de trece millones de euros».

Alisal, calle Alta y El Campón. En venta o para el alquiler. Algo más de seiscientos pisos que, si bien no tienen fecha exacta para entrar a vivir, sí que cuentan con trámites que confirman -si nada se tuerce- que serán realidad. A esto habrá que sumar las promesas electorales. Pero ahí, que se cumplan, está por ver.