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El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander y concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, César Díaz, ha señalado hoy que el Consistorio está «a punto de empezar con la licitación» para contratar un «equipo redactor que colabore con los servicios ... técnicos del Ayuntamiento» para desarrollar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así lo ha dicho este miércoles en su intervención en el curso 'Urbanismo, género y participación: otras formas de pensar la ciudad' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que ha recordaro que el PGOU de 2012 fue anulado a finales de 2016 por una «circunstancia totalmente externa al Ayuntamiento» y «sobrevenida».
A su juicio, la anulación del PGOU de Santander y de los planeamientos de muchos otros municipios españoles debe llevar a replantear el marco «en el que se están elaborando».
El edil santanderino ha manifestado que los planes generales son «herramientas imprescindibles» para el desarrollo de los municipios y las ciudades y ha lamentado que el Tribunal Supremo esté anulando «semana sí, semana también» planes generales de municipios por «razones de todo tipo y condición».
«Un país como España no puede permitirse que eso sea algo habitual y que esté sucediendo de esta manera porque, en definitiva, el desarrollo de un país tiene que estar sustentando el desarrollo de sus ciudades», ha aseverado. Por ello, ha pedido «avanzar» en cambios en las tramitacions dfe los planes generales porque, en su opinión, «no es asumible que una ciudad tarde 8-10 años en tramitar un PGOU» en el que se precisan una cantidad «infinita» de informes, planes y requisitos.
Además, para Díaz, después de todos esos años de trabajo, el plan debería tener «una seguridad jurídica sólida» frente a cualquier tipo de recursos, pero la realidad es «todo lo contrario», y por ello, ha instado a «establecer unas bases en la legislación que cambien sustencialmente», desde el punto de vista «estatal» y «autonómico», las tramitaciones de los PGOU porque «los plazos no son asumibles» y el documento es «frágil jurídicamente».
Asimismo, ha pedido herramientas legislativas para los jueces con el objetivo de que las anulaciones de los planeamientos «no sean completas» porque, de ser así, ha lamentado, el documento acaba por «desaparecer» del ámbito jurídico. «No se puede tirar tanto trabajo a la basura ni coartar el desarrollo de esta manera por estos aspectos», ha apostillado.
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