Santander retrasa de nuevo la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones

Así, el despliegue de estos sensores facilitará la implantación de las futuras ZBE en Santander. En concreto, el contrato incluye el aprovisionamiento, la instalación y la gestión de diez estaciones para medir la calidad del aire, cuarenta sensores de ruido (sonómetros) y 455 de aparcamiento, así como dieciséis paneles LED de mensajería variable y diez más también de aparcamiento. Se trata de un proyecto que forma parte del plan 'Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander' para el cual el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 7,6 millones procedente de los fondos europeos.

Y este no es el primer retraso que sufre la implantación de las ZBE que deberían haber estado en funcionamiento el 1 de enero de este año. No obstante, ni Santander ni Torrelavega -las dos únicas ciudades de Cantabria afectadas- han llegado a tiempo para cumplir el mandato europeo tutelado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Un problema que achacaron a la falta de una normativa nacional.

En noviembre del año pasado, el concejal de Movilidad Sostenible de la capital, César Díaz, ya insistió en la necesaria moratoria hasta 2024 para la implantación de estas áreas, como solicitaron todos los municipios y partidos políticos a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). «No debemos olvidar que a día de hoy existe un vacío jurídico por parte del Gobierno central, que sigue sin aprobar el real decreto que regula la implantación y ofrece seguridad jurídica a los ayuntamientos para su puesta en marcha», apuntó el edil.

La ausencia de esa norma estatal común dejaba a los consistorios sin el marco necesario para desarrollar sus respectivos reglamentos, aunque por aquel entonces -a finales del año pasado- el Ayuntamiento santanderino ya estaba trabajando en una ordenanza municipal, según recordó Díaz. El concejal también insistió en que incluso si el decreto se hubiera aprobado en ese momento, tampoco habría sido posible agilizar las tramitaciones para tener las áreas marcadas de la ciudad antes de iniciar 2023. Finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el real decreto de regulación en el Consejo de Ministros que se celebró el 27 de diciembre.