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El interventor municipal es una pieza clave en el funcionamiento interno de un ayuntamiento, al encargarse del control y la fiscalización de la gestión económico- ... financiera y presupuestaria de esta administración. Pero Santander tiene esta plaza vacante desde el 23 de diciembre de 2022. Fue entonces cuando se jubiló quien ocupaba este puesto, Ignacio Gómez, y sus tareas recayeron sobre el adjunto del interventor, Rafael de la Iglesia, quien realiza el trabajo de ese cargo superior al suyo desde ese momento y que seguirá así hasta que se cubra la vacante. La tramitación para que haya nuevo interventor en Santander ya ha comenzado, con la publicación ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de las bases para suceder a Gómez.
El puesto de interventor general municipal se cubrirá por el sistema de libre designación, ya que así lo marca su configuración como órgano directivo. Las características del puesto, como indica el BOC, son las establecidas en el artículo 60 del Reglamento Orgánico de Organización de la Administración del Municipio de Santander. Son tres: tendrá la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria; tendrá que ejercer sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, con completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; y su titular será nombrado entre los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. El puesto de trabajo tiene asignado el complemento de destino correspondiente al nivel 30 y un complemento específico fijado, en cómputo anual para el año 2025, en 59.663,8 euros.
En cuanto a los requisitos para poder concurrir a la convocatoria y desempeñar el puesto, los aspirantes deberán pertenecer a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, contando con una antigüedad de más de diez años. Las solicitudes para optar al puesto se dirigirán a la Presidencia de la Corporación, presentándola en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de quince días hábiles tras la publicación en el BOC.
Una vez acabe el plazo, y una vez la Presidencia de la Corporación confirme que los aspirantes cumplen los requisitos, el Ayuntamiento dictará resolución en el plazo de un mes. Después, la persona elegida tomará posesión en tres días hábiles si el destino anterior está en la misma localidad o en el plazo de un mes si viene desde otra localidad.
Además del puesto de interventor, el BOC anunció también ayer las bases reguladoras para la cobertura de plazas de funcionarios vacantes en la plantilla del Ayuntamiento. Así, se aprobaron las bases para las plazas –todas corresponden con oposición libre– de Administrativo (grupo C1), de Arquitecto técnico, (grupo A2), de Arquitecto (A1), de Auxiliar (C2), Conductor de Bomberos (C1), Bombero (C1), Educador (A2), Operario (AP), trabajador social (A2), Vigilante (AP), Ayudante de museos (A2) e Informador juvenil (C1). Este anuncio de las bases –con el temario que entrará en cada examen– recoge las plazas anunciadas en las últimas Ofertas de Empleo Público (OEP), concretamente en las de 2023 y 2024. El siguiente paso será sacar la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde que se publica la OEP, el Ayuntamiento tiene tres años para cubrir las plazas o la oferta caduca.
Además de las plazas de turno libre, la OEP de 2024 incluyó una larga lista de plazas de promoción interna, muchas relacionadas con la Policía Local. En concreto, aprobó incorporar una plaza de intendente, dos de subinspector, tres oficiales de policía, un oficial de policía del turno de movilidad (de acuerdo a la Ley de Coordinación de Policías Locales), 24 policías, tres técnicos de la administración general, tres técnicos de gestión (una plaza reservada para personas con discapacidad), cinco administrativos (una plaza reservada papara personas con discapacidad), cuatro auxiliares administrativos (dos con discapacidad) y siete oficiales. El Ayuntamiento tiene hasta 2027 para ejecutar esta última OEP, aunque las bases recién publicadas también incluyen plazas aprobadas en la anterior OEP, que tendrían que ejecutarse –las de 2023– antes de 2026.
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