Santander sancionó con 30.000 euros a dos pubs por vender alcohol a menores

Nalda se pronunció en estos términos apenas un día después de haberse conocido que la Guardia Civil sorprendió el viernes pasado a un total de 42 menores consumiendo alcohol y sustancias estupefacientes ('popper' entre ellas) en diversos pubs de la localidad de Selaya, una información que ha reabierto, por enésima vez, el debate sobre la presencia de adolescentes en este tipo de locales.

Según asegura al respecto el concejal, Ayuntamiento y Policía Local están vigilantes en este sentido, «muy atentos a la venta de alcohol a menores de edad en los establecimientos hosteleros y en determinados comercios de alimentación». Para los primeros, las multas económicas ascienden a los 30.000 euros. «El año pasado se tramitaron dos expedientes a otros tantos establecimientos hosteleros en los que se identificaron a menores de edad consumiendo alcohol», explica Nalda, que aclara que las sanciones se redujeron a 18.000 por pronto pago. Para los segundos, el castigo alcanza los 3.000. «El año pasado se tramitaron cuatro o cinco denuncias», explica el edil de Seguridad Ciudadana, que no ha observado un incremento respecto a años anteriores. «Ni mucho menos».

Para él, ésta, la aplicación contundente de la ordenanza municipal, «es la mejor manera de poner freno a esta situación».

De acuerdo con eso, su colega en Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, para quien «las únicas herramientas de que disponemos son precisamente esas, los cumplimientos administrativos», no oculta las dificultades que, al menos en su localidad, entraña la aplicación de las ordenanzas municipales.

«Nuestra Policía Local vigila estos comportamientos y los denuncia, pero esas denuncias no prosperan siempre», asegura el concejal, que pone un ejemplo muy gráfico. «Nosotros podemos ver a un menor con un vaso que contiene alcohol dentro de un establecimiento hostelero, pero no siempre podremos acreditar que el alcohol de ese vaso pertenece al establecimiento en cuestión. ¿Comprende? Nosotros somos conscientes de que pertenece a ese establecimiento pero el propietario puede argumentar que no es del local... Es muy difícil garantizar la cadena de custodia», se lamenta Pérez Noriega, quien, como Nalda, no ha percibido un aumento de cifras al respecto.

Tampoco la Fiscalía de Menores, que afirma que en su departamento «no se ha percibido un incremento en el consumo tanto de alcohol como de sustancias tóxicas entre los menores de edad que han pasado por aquí».

Según explica la fiscal delegada de Menores, Irene Ciriza, «los consumos reconocidos son de fin de semana en zonas de ocio de las principales ciudades de la región en grupos que se reúnen para adquirir alcohol y tomarlo en la vía pública (el clásico botellón) o en locales en los que los se juntan».

Respecto a la ingesta de otras sustancias, «se focaliza principalmente en el hachís y la marihuana, con datos muy parecidos a los de años previos», dice Ciriza, y afirma que «muchos menores reconocen haber probado las sustancias, pero los consumos habituales son menos frecuentes». Sobre la cocaína, añade, «sólo aparece en menores con un elevado perfil delincuencial».

Al paraguas de esta información, y seguro de que lo ocurrido en Selaya es «un hecho puntual», el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, defiende la integridad profesional de un gremio que, según subraya, «es cumplidor con el reglamento».

Ello, por la cuenta que le trae, porque «todos somos conocedores de lo que supone infringir las normas y ningún hostelero se quiere arriesgar a tener que pagar 30.000 euros por vender tres o cuatro copas de más una noche». Con todo, la asociación «permanece vigilante con este tipo de conductas indeseables que, sin duda, merecen un castigo severo», concluye.