Santander y Torrelavega no implantarán en enero las zonas de bajas emisiones

Primero, porque el Real Decreto por el que se regulan las ZBE que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica –y que deberá servir de cimiento para que todos los consistorios elaboren después sus correspondientes ordenanzas municipales– aún está en discusión y sin aprobar. Ysegundo, porque aunque se aprobase hoy mismo no es posible agilizar tanto las tramitaciones de las ordenanzas locales como para tenerlas en vigor para el inicio del próximo año.

Tan acuciante es la situación en todo el país, que la Federación Nacional de Municipios ha solicitado una moratoria de un año para aplicar la norma. «No se trata de una cuestión política, es una cuestión de tiempo. Hasta los municipios del mismo color político que el Gobierno de España –como es el caso de Albacete, que también es del PSOE– han anunciado que no llegan a aplicarlo en enero de 2023», señala Díaz.

Lo que nadie sabe es cómo se asumirá la noticia en Bruselas y si se aplicarán sanciones en algún sentido;pero sin reglamento nacional, no tiene lógica que ningún consistorio se aventure a tomar medidas.

En Torrelavega anunciaron hace semanas un avance de cómo se aplicaría la nueva ley. Se llegó a publicar un mapa que delimitaba en color azul los barrios de la ciudad que quedarían incluidos en dicha zona con restricciones al tráfico y que comprendía desde el barrio de La Llama a El Zapatón;pero todo ha quedado en agua de borrajas. «Mientras no exista el Reglamento a nivel nacional, no vemos sentido a implantar una zona de bajas emisiones en la ciudad», aclara ahora el regidor, Javier López Estrada. «No vamos a poner ninguna restricción a ningún vehículo porque no estamos por la labor de que ninguna de estas normas pueda causar un perjuicio o altere para mal la economía de nuestra ciudad».

Lo cierto es que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética sólo dedica un párrafo a esta medida:«Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad», dice la norma. Y obliga también al fomento del transporte público, a la instalación de puntos de recarga para vehículos privados, de servicios de vehículos eléctricos compartidos, etc. Pero nada de ello es realizable de cara al próximo uno de enero.

Lo advirtió también este pasado martes el portavoz del equipo de gobierno de Santander, Javier Ceruti (Cs), que «no ve posible» tenerlo listo para dicha fecha. Santander es uno de los municipios que ha mantenido su postura firme respecto a este asunto desde el primer día;aunque no es óbice para que en la capital cántabra «se venga trabajando en este sentido desde hace tiempo», señala César Díaz.

«Hemos avanzado en una línea lógica de actuación, incidiendo en los beneficios de una movilidad cada vez más sostenible buscando una menor dependencia del vehículo privado;fomentando el transporte público de calidad, moderno y eficiente. También con un plan de renovación de la flota para reducir la contaminación y mejorar las prestaciones;impulsando los modos de transporte alternativos, como son la bicicleta y los desplazamientos a pie y apoyando al sector del taxi».

«No podemos improvisar, tenemos que ser muy responsables. Bastantes incertidumbre tenemos ya a nivel nacional e internacional como para incluir más incertidumbre aún a los ciudadanos y a quienes pueden ver peligrar la economía de sus negocios por esta medida. Así que no queda más que esperar», insiste Díaz.