Unidas por Santander reclama el control directo del Ayuntamiento sobre los servicios esenciales

Según ha precisado Saro en conferencia de prensa, en la primera iniciativa, UxS pide al Ayuntamiento la elaboración en el plazo de tres meses de un estudio sociojurídico y económico-financiero de viabilidad de una empresa pública que preste el servicio de mantenimiento de parques y jardines, junto con un reglamento de régimen jurídico del servicio suspendiendo la elaboración de un nuevo pliego de condiciones del contrato.

Además reclama la elaboración de otro estudio jurídico y económico financiero sobre la posibilidad de la recuperación de la gestión directa del resto de servicios públicos externalizados sobre los que existan sanciones por incumplimiento de las obligaciones del contrato que puedan motivar su resolución en las condiciones fijadas por la legislación laboral.

En la otra moción, UxS pide que se convoque en el plazo de un mes la Comisión de Economía para dar a conocer un borrador la instrucción de regulación de un Observatorio de Contratación del Ayuntamiento de Santander, porque, según recuerda Saro, en el pleno de agosto de 2019 se aprobó crear este órgano, sin que desde entonces se haya conocido trabajo alguno para avanzar hacia ese objetivo.

Según ha destacado Saro, Santander destina más que la media de España en la contratación de trabajos realizados por otras empresas, unos 54,25 millones de euros cada presupuesto, con una media del 45 % del total de gastos no financieros, frente al 31,8 % de la media de entidades locales españolas.

Esta «pobre gestión» en Santander deriva de la práctica que el equipo de Gobierno lleva años llevando a cabo en Santander, «prevaleciendo el precio en la adjudicación de los contratos», de modo que «no solo ha afectado a las condiciones laborales de los trabajadores sino también a la propia calidad de los servicios».

Además, lamenta que la falta de control municipal ha propiciado que se hayan incumplido «sistemáticamente» las obligaciones asumidas en los contratos «en beneficio de las concesionarias y en perjuicio de los vecinos de Santander».

Saro destaca que, con el modelo actual, «no se cumple ni la parte social, ni técnica ni ambiental de las cláusulas de los contratos» y que el coste de la externalización es mayor para el propio Ayuntamiento.

Y mantiene que la remunicipalización obtendría numerosas ventajas económicas para el Consistorio, ya que al ser una explotación directa no estaría sujeta al IVA, tendría una exención del 99 % del impuesto de sociedades y el Consistorio no tendría que asumir un gasto extra para derivar el control a una empresa externa.

Además, por otro lado, «una empresa pública no estaría obligada a generar beneficio, al no tener que dar cuentas a accionistas de que está ganando dinero, que es a lo que se dedican las empresas privadas, como es lógico», matiza el concejal.

Saro también ha criticado el «constante abandono» de la fiscalización del cumplimiento de estos contratos, que no se ha puesto de manifiesto hasta que el servicio de Intervención ha revelado las «permanentes irregularidades en los tres contratos analizados», la gestión y explotación del abastecimiento de agua y alcantarillado, el servicio municipal de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos y el de mantenimiento y rehabilitación de espacios verdes municipales.

En cuanto al Observatorio de la Contratación municipal, ha criticado que desde la fecha de su aprobación en Pleno y el mandato plenario dirigido a la alcaldesa, no se ha conocido trabajo alguno dirigido a redactar la instrucción para regular la organización y funcionamiento de este órgano.