La sentencia detalla el «escaso» control del Ayuntamiento en el contrato de Parques y Jardines

Los incumplimientos que se reclamaban a la empresa tenían que ver con el mantenimiento de la plantilla y la renovación de los vehículos. Todo ello basado en un informe de control financiero realizado por Intervención en 2019, y que dos años después fue completado por otro de Artic Infraestructuras Management. Un informe que el magistrado Juan Varea Orbea pone en duda. «Lo que se aprecia en este pleito es que el Ayuntamiento, tiempo después de haberse extinguido el contrato, modifica la interpretación que venía haciendo de la prestación, para sostener que su cumplimiento debió ser otro. Esto supone una alteración de la perspectiva que ha mantenido uno de los contratantes a lo largo de la vida del contrato», señala.

Pero el juez va más allá, ya que entiende que la prestación del acuerdo «se hizo a la vista, ciencia y paciencia de la Administración, sin ningún tipo de óbice ni queja. El responsable del contrato era consciente de las condiciones de la plantilla y nunca manifestó ninguna objeción. Solo después, una vez extinguido el contrato, se cambia de criterio para entender que el cumplimiento de la cláusula relativa a la plantilla, tenía que haber sido otra». Además, tampoco requirió a la contratista para actuar de una manera diferente».

Tras conocer la sentencia, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que aún no ha valorado si la recurrirá o no al TSJC, explicó que el Ayuntamiento «respeta» la decisión del juez, que ha entendido que esos incumplimientos «no están suficientemente demostrados, por lo que la empresa no debe ingresar tal cantidad al Consistorio».

Rojo aclaró que el fallo que ha estimado el magistrado «está muy lejos de dar a entender» que es el Ayuntamiento el que pierde esa cantidad de dinero -casi 3,3 millones de euros- o que el juez se lo pide al Consistorio. «Se trata de un dinero que el Ayuntamiento reclama a mayores a la empresa. La sentencia dice que no es así, lo entendemos. Lo que no entendemos es que el resto de portavoces de los grupos mientan a los santanderinos diciendo que es una cantidad que el Ayuntamiento ha perdido o que sale de las arcas municipales», añadió.

Además, la edil justificó la forma de actuar que adoptó el equipo de gobierno al reclamar ese dinero a la UTE: «La obligación política es que, en el momento que tenemos un expediente de un servicio técnico municipal, tenemos que tramitar estos expedientes por el bien y por el interés del municipio y de los santanderinos».